El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas en Canarias (COAG), Manuel Redondo, se ha acogido a su derecho a no declarar al ser citado este miércoles por la Fiscalía de Extranjería en relación a la investigación abierta por la presunta contratación de menores inmigrantes por su presidente, Rafael Hernández, en su finca.
Además, también han comparecido Teseida García, el yerno del presidente de la COAG, encargado de la finca donde supuestamente trabajaban de forma irregular los menores inmigrantes, que, a su vez, estaban acogidos en un centro dependiente de la ONG Oportunidades de Vida, 'Tagoror', que dirige su mujer.
Silencio
El yerno tampoco ha querido responder a las preguntas de la Fiscalía, ni la trabajadora de Oportunidades de Vida que también ha sido llamada a declarar y que se ha acogido igualmente a su derecho para no hacerlo.
Asimismo, los tres comparecientes han rehusado hacer declaraciones a los periodistas, tanto a la entrada como a la salida de los juzgados, mientras iban acompañados de sus abogados.
Hay que recordar que el pasado lunes el presidente de la COAG, Rafael Hernández, y su hija comparecieron ante la Fiscalía y mantuvieron la misma posición de guardar silencio cuando declararon como testigos un exempleado de Oportunidades de Vida, J.C.G.S. y su mujer, ingeniera agrónoma, que fue contratada como docente por la COAG, que ese año organizó cursos de formación agraria destinados a menores inmigrantes.
Hechos denunciados
La Policía y la Inspección de Trabajo se personaron el pasado 20 de junio de 2023 en la finca del presidente de la COAG, donde hallaron a diez menores trabajando, lo que ha concluido en un expediente sancionador que se ha suspendido cautelarmente con motivo de la investigación penal contra Hernández, pero que acredita los hechos, según el citado testigo.
Este testigo indicó a los periodistas que la Fiscalía dispone de pruebas documentales y de grabaciones de conversaciones con Hernández y el secretario ejecutivo de la COAG en las que ambos reconocen los hechos que se investigan, un presunto delito de trata con fines de explotación laboral.