Este martes comienza la huelga indefinida convocada por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ). Más de 200 letrados que desempeñan sus funciones en Canarias podrían unirse a un paro que afectará seriamente al desarrollo del poder judicial en las islas.
Desde las asociaciones convocantes se ha insistido en que se trata de una huelga evitable. “Lo normal es que el Ministerio de Justicia se hubiera puesto en contacto con el comité de huelga y no lo ha hecho. No pedíamos nada que ya no esté acordado, solo queríamos que se lleve a la práctica”, explica la delegada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia de Las Palmas. “Desde octubre no sabemos nada del ministerio”, aseguran desde los colectivos convocantes.
Se han propuesto mediadores
“Con la huelga indefinida continuaremos hasta que se llegue a una solución, por un lado que cumpla el ministerio con todo lo que se había negociado y se comprometió y por otro lado, para eso tendrá que ponerse en contacto con el comité de huelga”, explica a Atlántico Hoy Isabel Morales, delegada en Las Palmas del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Con el fin de evitar en la medida de lo posible unos perjuicios irreparables al servicio público, el Comité de Huelga ha trasladado a la Ministra Llop la propuesta de que sea un mediador independiente quien haga una propuesta que solucione este conflicto, para lo cual hemos propuesto a las siguientes personas, todas ellas vocales del CGPJ, personas de reconocido prestigio del mundo judicial y conocedoras de los intereses en conflicto: María Concepción Sáez Rodríguez, María Ángeles Carmona Vergara, Álvaro Cuesta Martínez y Gerardo Martínez Tristán.
El Comité de Huelga considera que cualquiera de ellos o todos conjuntamente son conocedores en profundidad del problema. Con ello se pretende evitar, por encima de todo, el perjuicio que para la Administración de Justicia puede suponer una huelga indefinida, con consecuencias imprevisibles e irreparables para los ciudadanos de este país. El Ministerio de Justicia no ha contestado hasta ahora al ofrecimiento realizado.