En 2021, la Comisión Europea presentó un enorme paquete legislativo en materia de transición verde que marca el camino a seguir para que Europa huya definitivamente del dióxido de carbono (CO2) en 2050. El Ejecutivo comunitario, en su propuesta Fit for 55, tiene el objetivo de reducir las emisiones en 2030 al menos en un 55% respecto a 1990. También da a conocer varias medidas de calado como la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035 e ir reduciendo su impacto medioambiental hasta entonces. Además de las nuevas tasas impositivas al carbono, existirá la obligatoriedad de que los edificios de viviendas sean sostenibles y que un 40% del consumo bruto de energía provenga de las renovables, entre otros puntos.
Otra de las metas es transformar la sociedad en su conjunto y generar un crecimiento económico más sostenible reduciendo la dependencia energética de la Unión Europea —que gasta unos 27.500 millones de euros al mes en importaciones y, en particular, de combustibles fósiles—. Las propuestas, articuladas en centenares de documentos, han tenido que negociarse con los Estados miembros, representados en el Consejo, y con el Parlamento Europeo.
Tasa al queroseno
“La emisión de CO2 debe tener un precio”, subrayó Ursula von der Leyen al presentar en 2021 las iniciativas legislativas con acciones concretas en el transporte, la energía, el mercado de emisiones de carbono o la biodiversidad. Entre estas medidas apareció por primera vez la propuesta de gravar el queroseno utilizado en la aviación en la UE para reducir el uso de fuentes de energía contaminante en la próxima década.
Desde entonces, Canarias no ha dejado de intentar quedar exenta de estas tasas en el transporte aéreo. Porque, a pesar de que los estudios realizados por la UE indican que el efecto en el precio de los billetes será limitado, el Gobierno del Archipiélago insiste en que esta cuestión es vital para las regiones ultraperiféricas. No solamente por sus efectos sobre el turismo, principal actividad económica en Canarias, sino por el encarecimiento del transporte de mercancías aéreo y marítimo, del que dependen estas regiones, que no tienen alternativas de transporte terrestre.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que Canarias está plenamente comprometida, de forma "irrenunciable", con la descarbonización, con la sostenibilidad y la transición hacia una economía verde sustentada en las energías renovables, pero con respecto a la tasa sobre el queroseno ha subrayado que "nos jugamos mucho" y ha confiado en que Europa tendrá sensibilidad con esa demanda de las RUP.
Cambio del modelo turístico
“El modelo turístico ya está cambiando”, afirma la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla. Asegura que desde esta área están sacando subvenciones, de la mano de los fondos Next Generation, para que así sea en todos los ámbitos: medioambiental, social y económico. “En Canarias no nos movemos por trenes ni por carreteras”, explica la consejera, “pero tenemos que mitigar al máximo y luchar contra el cambio climático reduciendo las emisiones de carbono e intentando que vengan aviones más sostenibles al Archipiélago”.
Castilla confirma que aunque las islas pidan la exención a la tasa verde o a los derechos de emisión, “en paralelo hay que realizar un plan de acción específico de lucha contra el cambio climático” para compensar la llegada de aviones a Canarias.
Generaciones sostenibles
Las generaciones actuales piensan en verde, de eso no cabe duda y ya hay movimientos en Europa que defienden el uso del tren como transporte y alternativa al avión —sobre todo desde que el fenómeno causado por Greta Thunberg escogiera el término sueco flygskam, vergüenza de volar, para luchar contra el uso del avión en viajes cortos—.
Renunciar a volar no es sencillo, sobre todo en el mundo globalizado actual donde las compañías low cost han hecho asequibles los desplazamientos en avión para la clase media y en el que viajar está al alcance de casi todo el mundo. ¿Está en manos de los consumidores y de la sociedad luchar contra esto? ¿O son los empresarios y políticos los responsables de buscar tecnologías menos contaminantes? Limitar a la sociedad puede no ser la respuesta —y menos a una población que vive en islas, donde la única forma de salir del archipiélago es vía aérea—.
Qué dicen los activistas
Stefanie Mans y Álvaro Hernández son activistas de Fridays For Future Gran Canaria, el movimiento —también conocido como Juventud por el clima— que traspasó fronteras después de que lo pusiera en el foco mediático la conocida Greta Thunberg. “Yo he estado leyendo que la gente está cada vez más dispuesta a pagar más para ser más sostenible”, cuenta Mans. “Con la tasa verde se espera que una gran parte de los viajeros estén dispuestos a pagarla”, apostilla.
La ecologista dice que, por los informes que ha visto, la tasa verde va a suponer una subida de precios ínfima. “Entonces, ¿por qué no hacerlo?”, se pregunta. “Incluso te diría que a nivel europeo no es suficiente”, indica. Cree que se deberían tomar “medidas todavía más drásticas” al tratarse de un problema “que puede suponer la muerte de muchas especies”.
Hernández también opina que este impuesto tiene repercusiones positivas para el clima, pero no tiene tan claro que haya suficientes viajeros predispuestos a hacer el esfuerzo de tener un gasto adicional. “No lo sabemos, entonces no es tan fácil”, manifiesta.
¿Exentos hasta 2027?
“Es cierto que es complicado que se pueda llegar a una excepción pero no es imposible”, afirma Castilla. Ahora mismo la tasa verde no está aprobada, lo que sí lo está es el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, “que es lo que no nos permite estar exentos de los vuelos internacionales” y es lo que preocupa al Gobierno. “Pero tenemos argumentos de sobra para poder defendernos: somos región ultraperiférica, nuestro principal motor económico es el turístico, solo se puede llegar a Canarias por avión. El objetivo es defender eso para conseguir una excepción hasta 2027”.
¿Por qué hasta 2027? A partir de ese año Europa va a converger en una regulación mundial llamada Corsia y donde Canarias ya no se va a poder defender bajo el paraguas de región ultraperiférica. “Pero esto es una lucha entre estados y espero que el gobierno central haga el trabajo que tiene que hacer en Europa y que ayude al Archipiélago”, manifiesta Castilla mientras defiende la creación de un plan específico de conectividad para acabar con la desventaja competitiva a la que se enfrentan las islas.