Lucas Bravo de Laguna, exdiputado en el Parlamento de Canarias y actual director comercial de la UD Las Palmas, se ha pronunciado sobre la querella interpuesta por la Fiscalía de Las Palmas contra él y tres empresarios más —Miguel Ángel Ramírez, Christian Cerpa Espino y Noel Jammal Fernández— por, presuntamente, haber defraudado a Hacienda.
Lo ha hecho en el Telenoticias 2 de Televisión Canaria, donde ha afirmado que si se demuestra la existencia de algún tipo de delito por su parte o de otras personas pagará las consecuencias. "Si me tienen que tirar tomates por la calle que me los tiren y si tengo que ir a la cárcel iré", afirmó.
"No hemos ocultado nada"
"Pero lo que no puede ser es que se intente culpabilizar a nadie, sea a mí o a cualquier otra persona, sin pruebas, sin fundamentos, porque hay una querella sobre un delito fiscal que es un tema meramente técnico a día de hoy. Nosotros no hemos ocultado absolutamente nada", sentenció Bravo de Laguna.
El 13 de mayo de 2020, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciaba la declaración del Estado de Alarma que significó dos meses de confinamiento para toda la población del país. Para hacer frente a las necesidades sanitarias provocadas por la pandemia de COVID-19, la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, ente dependiente del Gobierno autonómico —entonces presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE)—, decide adjudicar por la vía de emergencia, a dedo y negociado sin publicidad, un contrato por valor de 1,3 millones de euros a Damco Trading Services.