La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha explicado este jueves los pormenores del decreto ley que modifica la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la hace compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), para conseguir así que las familias canarias puedan seguir cobrando la PCI hasta que reciban el IMV.De esta manera, durante el periodo de espera del ingreso del IMV, las más de 8.200 familias beneficiarias de la PCI podrán seguir cobrando esta prestación. Así lo ha explicado Noemí Santana, en una rueda de prensa previa al debate de aprobación de este decreto ley en el Parlamento. "Es una medida de protección que se toma en Canarias y que no se ha tomado en otras comunidades autónomas, en las cuales las prestaciones propias del territorio se paralizan desde la aprobación del IMV", ha remarcado la consejera.Otras de las medidas que recoge este decreto es que las familias en situación de vulnerabilidad podrán seguir solicitando la PCI una vez hayan acreditado que han solicitado el IMV con carácter previo. "Esto significa que no tienen que esperar por la resolución del Ingreso Mínimo Vital para poder seguir demandando la Prestación Canaria de Inserción", ha precisado Santana.Una vez se resuelva la solicitud del IMV, se pueden dar dos situaciones. La primera, que se resuelva positivamente, con lo cual la persona demandante no solo recibiría la prestación estatal, sino que lo haría de forma retroactiva. "Es decir, si una persona ha solicitado el IMV en junio, pero la resolución se hace en noviembre y es positiva, la persona cobraría todas las cuantías de los meses que no ha cobrado desde su solicitud", ha explicado la consejera.
Además, ante esta situación, el Ejecutivo regional ha decidido que no exigirá la devolución del dinero cobrado de la PCI durante los meses de espera, lo que supone que ambas ayudas serán compatibles, "al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, que es lo que recoge el decreto ley", ha precisado Santana. Si la resolución del IMV fuera negativa y la persona solicitante fuera beneficiara de la Prestación Canaria de Inserción, "simplemente seguiría cobrando la PCI con normalidad", ha continuado la consejera.Asimismo, con el nuevo decreto ya no se tendrán en cuenta las pensiones alimenticias a efectos de recibir una cuantía de la PCI, es decir, "que estas personas cobrarán la totalidad de la prestación más las pensiones alimentarias, pues creemos que es necesario para proteger los derechos de la infancia", ha añadido Santana.De acuerdo con la consejera, todos los aspectos de este decreto ley hacen que Canarias "vuelva a ponerse a la cabeza del Estado" en materia de protección a las familias y a la infancia. "Somos la única comunidad autónoma que ha planteado medidas hasta la llegada del Ingreso Mínimo Vital y ahora seguimos reforzándolas a través de este decreto ley", ha remarcado la consejera.
Para Santana, a pesar de que el IMV es una de las medidas "más potentes que se han tomado nunca en el ámbito social por parte del Estado", su aplicación es "compleja". "Se quiere llegar a proteger a muchísimas personas", de hecho se estima que unas 40.000 familias se podrían beneficiar de este ingreso, "pero lo cierto es que los tiempos se están dilatando y las familias no pueden esperar", ha sentenciado.Desde el Gobierno canario calculan, además, que con la Renta Ciudadana (que vendrá a sustituir a la PCI una vez implantado el IMV), y el Ingreso Mínimo Vital, se podría proteger a alrededor de 50.000 familias canarias. En relación a las listas de espera, la consejera ha asegurado que se rebajaron "de manera muy cuantiosa" durante el estado de alarma, y que ahora hay unas 200 familias a la espera de recibir la PCI.No obstante, "sabemos que pueden ser muchas más, pues ahora que una persona puede seguir solicitando la PCI a la vez que el IMV probablemente se incremente el número", aunque "se ha hecho un buen trabajo, y hay mucha menos lista de espera que a principios de año" ha concluido Santana.