Los pacientes del Servicio Canario de la Salud (SCS) que necesitan sesiones de logopedia ambulatoria –en su mayoría niños– y de rehabilitación tienen un problema. No son los únicos, también se ven envueltos las empresas que prestan el servicio concertado o sus propios trabajadores. Todo tiene relación con la incertidumbre que genera el contrato caducado desde hace casi dos años con la administración pública. Hay menos recursos y, por lo tanto, el servicio disminuye.
Es un tema con muchas aristas y perspectivas, por lo que es conveniente ir paso a paso para explicarlo. El Gobierno de Canarias, ante la imposibilidad de atender en los hospitales públicos a todas las personas que necesiten acudir a consultas de estas especialidades, externaliza el trabajo a empresas que puedan realizarlo. Para que sea posible hace falta sacar a licitación un contrato que se acaba adjudicando a una compañía por un periodo de tiempo determinado.
Versión de la Consejería
Cuando el acuerdo llega a su fin, el proceso empieza desde el principio. El inconveniente está en el tiempo que hay en medio con el pacto vencido, justo lo que está ocurriendo en entidades como Grupo ICOT –otros ejemplos son la Clínica San José o San Juan de Dios–. Al no haber contrato en vigor, se están viendo obligados a atender a menos personas. En el caso de logopedia, lo viven desde agosto de 2022. En el año 2014 se renovó pero, con prórrogas incluidas, expiró.
“Algunos centros seguimos prestando servicios, pero fuera de contrato, solo a los más necesitados y urgentes”, afirma en declaraciones a Atlántico Hoy Domingo Montes de Oca, el director general de la empresa. “Pero con menos recursos que antes”, agrega. Asegura que están experimentando una situación incierta porque no saben cuáles serán las condiciones técnicas y económicas a las que se van a enfrentar.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad y las fuentes consultadas cuentan que "el concurso de prestación de rehabilitación está pendiente de licitarse, ya en su última fase de tramitación". "Las empresas han continuado ofreciendo el servicio y esperamos que la situación se normalice cuando se resuelva el concurso", sostienen.
Mediante facturas
Como el contrato está obsoleto, las empresas se ven en la tesitura de cobrar al SCS a través de facturas, lo que ocurre es que actuar así no les da garantías a largo plazo porque necesitan conocer los límites que pone el Ejecutivo y las tarifas que tendrán. “En la medida que el tiempo transcurre sin contrato la incertidumbre crece”, manifiesta. Mientras tanto, indica, seguirán atendiendo a personas en la medida de sus capacidades y el volumen que les envíe la administración.
El servicio lo prestan en seis centros repartidos por Gran Canaria y Tenerife, aunque no solo tienen pacientes derivados por la pública, sino que cuentan con los suyos propios del sector privado. Admite que, además, “influye en la contratación del empleo de los trabajadores”. Para Montes de Oca, el único remedio es “una licitación plurianual a largo plazo”.
2.200 empleados
Defiende que la toma de decisiones tiene que ser, en todo momento, prudente. “Si un logopeda me pide una baja o se coge una excedencia, ¿qué hago?”, pone como ejemplo el director general de Grupo Icot. Se refiere a que el empleado deja de prestar sus servicios tienen delante una duda importante: “¿Contrato a alguien en su lugar? Y en caso de hacerlo, ¿durante cuánto tiempo?”. Muchas preguntas y muy pocas respuestas.
Tienen una plantilla compuesta por 2.200 personas, lo que supone un futuro incierto para más de dos millares de familias. Incide en que tienen capacidad para seguir asumiendo a pacientes del SCS, aunque siguen sin saber si en la nueva licitación habrá más recursos o si la propuesta será menor. Incluso cabe la posibilidad de que la Consejería decida usar en mayor medida a sanitarios de los hospitales públicos.
La inflación
La idea que pretende transmitir Montes de Oca es que, ante la duda de qué va a suceder, el servicio disminuye. Cuando tengan una propuesta sobre la mesa su cometido será estudiarla. Lo que más lo inquieta no es el presupuesto, sino la tarifa porque de ella y los pacientes depende el dinero que se invierta. El pasado 12 de febrero, la Consejería de Sanidad aseguró en una nota que han destinado 7.573.054,31 euros para esta contratación de logopedia ambulatoria. En Grupo Icot transmiten que necesita más información para saber el resto de los detalles.
El director general de la empresa sostiene que por su parte no hay ninguna petición específica porque es responsabilidad de la administración hacer una sugerencia. Sí enuncia que el SCS debe tener en cuenta que el coste de los servicios se ha incrementado en los últimos años y es necesaria una actualización atendiendo al crecimiento del IPC –inflación– o el Salario Mínimo Interprofesional.
Parte técnica
Insiste en que la parte técnica es fundamental para saber qué tipo de pacientes serán, el tratamiento que requieren o la duración. Le consta que el Servicio Canario de la Salud está trabajando en la licitación y confía en que a lo largo de este año 2024 salga adelante porque “es lo lógico”.
Con el concierto de rehabilitación ambulatoria pasa lo mismo, aunque su caducidad es más reciente. De ambas especialidades resalta que “no son tratamientos de un día”. “Cuando asumes a un paciente es un compromiso a futuro de meses o años”, apostilla. “Esos periodos de incertidumbre repercuten en las prestaciones del servicio”, reflexiona.