Las listas de espera pueden llegar a ser un sinvivir, sobre todo para las familias y personas dependientes y con discapacidad. El retraso en las valoraciones y revisiones puede suponer un año en un limbo, sin ayudas, servicios básicos o algo tan simple como una tarjeta para el aparcamiento habilitado.
Las asociaciones Con Tu Ayuda Todos Sumaremos, Somos Uno Más y Unidos Por Un Sueño aúnan fuerzas conformando una alianza para defender los derechos de las personas dependientes y con discapacidad ante “los retrasos persistentes en la implantación de la Ley de la Dependencia y las siguientes valoraciones tardías” que afectan a muchas familias canarias, que llevan esperando en algunos casos desde 2021 a ser atendidas. Por ello, reclaman al Gobierno de Canarias, en especial a la Consejería de Bienestar Social, que busquen una solución para garantizar los recursos y el personal adecuado.
Paralización en las ayudas
Las familias se enfrentan “a una realidad preocupante”, señala Amy María Elimane, presidenta de Unidos Por Un Sueño, ya que “la burocracia y la lentitud en los procesos de evaluación y renovación del grado de discapacidad” están conllevando a “la paralización de las ayudas que reciben como la deducción por maternidad de hijo a cargo con discapacidad, la prestación económica, las becas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo o las tarjetas de estacionamiento para las personas con discapacidad”.
Son el caso de Catrina Monzón e Irene Valerón, dos madres de niños con discapacidad, que se encuentran a la espera de evaluación y renovación. Monzón cuenta que la revisión la tenía prevista para el 30 de julio de 2023, pero a día de hoy, “nueve meses después”, sigue esperando, tras presentar la solicitud un mes antes de la cita, como se indicaba. Esto ha llevado a que deje de recibir las ayudas por tener un hijo con discapacidad a cargo y le ha dificultado poder seguirle ofreciendo los servicios que necesita el pequeño, como piscina adaptada o terapia ocupacional, dado que tiene que hacerse cargo del sobrecoste con un puesto de trabajo a media jornada, el horario que puede permitirse para atender a su hijo.
Familias "olvidadas y desamparadas"
Esta paralización y retrasos hacen que vivan con “miedo”, atestigua Monzón en representación de otras familias afectadas, “sin saber si en un año vamos a poder tener un certificado de discapacidad o cómo vamos a pagar las terapias” e, incluso, pagar las multas a causa de la caducidad de las tarjetas de estacionamiento, mientras que “la discapacidad se sigue viviendo en casa con un hijo con un 65% de discapacidad”.
La revisión del hijo de Irene Valerón estaba fechada para el 30 de octubre y entregó la documentación justo un mes antes, el 30 de septiembre, pero su “teléfono no ha sonado para ni siquiera avisar de los retrasos”. También se pregunta cómo cubrir las necesidades de su hijo para las que el Gobierno, manifiesta, no ha ofrecido un plan B mientras solventan la burocracia, por lo que las familias que se encuentran en esta situación “nos sentimos olvidadas y desamparadas”.
Cuentan con un listado de familias de la isla de Gran Canaria, en este caso, que se han sumado contando sus testimonios, como el de una muchacha de 22 años que lleva esperando desde abril de 2022 su certificado de discapacidad o un niño de 9 años que lleva con este certificado caducado desde febrero de 2023 ante la falta de resolución. Muchas de ellas a lo largo del tiempo de espera han presentado hasta 10 reclamaciones. Valerón reitera que estas peticiones no se tratan de “caprichos” sino de “necesidades”.
Piden acciones inmediatas
Janeth Duro, presidenta de Con Tu Ayuda Todos Sumaremos, critica también las decisiones de la Consejería de Bienestar Social que estipula que “las nuevas solicitudes caducarán a los seis meses”, por lo que, continúa, “si el organismo no ha respondido, se archivan y es otra vez a solicitarlo”. Un hecho que consideran “injusto” y “una tomadura de pelo para las familias”.
La alianza de las tres asociaciones exigen “una acción inmediata y medidas que agilicen los procesos”, pues “detrás de cada trámite hay una vida, una historia y una lucha diaria, y cada día de espera es un obstáculo”. Entre las soluciones que plantean, proponen que se contrate más personal, ya que “no podemos permitir que los funcionarios estén saturados y se cojan bajas por ello porque los trámites se siguen atrasando”, expone Duro, así como que los profesionales sean “los adecuados” para evitar diagnósticos erróneos".
Las asociaciones comenzarán una campaña de sensibilización y movilización para poder lograr un cambio que contribuya a la mejora de la situación de las familias y “se cumplan los derechos de los niños con discapacidad en sanidad, política social y educación”, concluye Duro.