La construcción social del concepto de género viene marcada por las desigualdades determinadas por una concepción tradicional donde existen dos categorías diferentes de seres humanos en base a las características genitales de nacimiento. Esta diferenciación obvia el hecho de que la naturaleza humana no solo va más allá de la apreciación visual de estos órganos sino que, como incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya estableció, este no es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo, psicosocial.
Así es como se presenta la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales de Canarias. “En la ley trans canaria se expone, sobre todo, el principio de autodeterminación. Lo primero que protege y blinda es ese principio por el que la identidad es un sujeto político que cada persona tiene derecho a tener, es decir, nadie va a cuestionarme a mí cuál es mi identidad y, por tanto, yo tengo derecho a expresarla con total libertad”, asegura Emma Colao, activista LGTBI+ transfeminista, abogada y colaboradora en diversas asociaciones.
La ley canaria vs el proyecto estatal
La ley canaria de igualdad social defiende el reconocimiento de las personas trans en su globalidad. “Esto significa que no está solamente dirigida a las personas trans binarias sino que incorpora la realidad de las personas no binarias y de las personas intersexuales”, expone María José Hinojosa, psicóloga, coordinadora y responsable de formación en el colectivo GAMÁ. “Esto es algo pionero a nivel estatal y uno de los grandes puntos excluidos de la propuesta de ley del Estado”.
La anterior ley (Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales) nació patologizando las identidades al poner como necesidad “una valoración psicopsiquiátrica de la identidad”, cuestionando la libre decisión. “Algo que en la ley de 2021 ya no es necesario. Esta es una de sus características, pero también el punto de debate de la ley estatal”.
Blindar derechos
El proyecto estatal lleva unos años intentando ver la luz y el debate para su retraso se centra en la libre determinación del género, sobre todo en las personas menores. “Podemos estar de acuerdo en que cuando se tiene una cierta edad puede haber una necesaria supervisión de los responsables legales porque se está todavía en un proceso de exploración de la identidad. Pero eso no quita que se pueda tener la identidad clara a los tres años”. Hinojosa lleva 21 años en el servicio de atención psicológica de GAMÁ y puede asegurar que “la identidad la tenemos clara, en muchos casos, desde que tenemos uso de razón. Lo que pasa es que a las personas cis no se nos cuestiona y a las personas trans sí”.
Además, aunque existan leyes autonómicas que protegen y blinden los derechos de las personas trans, las comunidades no tienen competencias en materias como el cambio de sexo legal. “A día de hoy en Canarias, una persona trans solo puede cambiar su nombre en el DNI”, explica Hinojosa.
¿Inseguridad jurídica?
Uno de los principales argumentos en contra de la puesta en marcha de la ley trans a nivel estatal es una supuesta inseguridad jurídica que Colao solo puede definir como “hechos ficticios que sirven para crear inseguridad y desarrollar la política del miedo y del terror”. Para ejemplificar su argumento, Colao saca a relucir un tema que lleva días moviéndose entre las redes sociales, el del hombre que supuestamente cambió de género para evitar ser castigado por un delito de violencia. “Vamos a poner un ejemplo fácil: si tu eres un funcionario público, cometes un crimen y resulta que seis meses más tarde pierdes la calidad de trabajador público, a ti se te va a seguir juzgando como funcionario público porque fue cuando cometiste el delito”.
Entonces, cuando se habla de inseguridad jurídica “da la sensación de que te sacas el DNI de una caja de cereales cuando la realidad es que existe un procedimiento administrativo que regula los pasos que debes seguir para poder llegar a obtener ese asiento con tu verdadera identidad de género”, concluye la abogada.
Seguridad y visibilidad
“Que una mujer trans tenga derechos no se los quita a una mujer cis, al contrario, suma”, defiende Hinojosa. Además, la ley trans canaria “ha afectado positivamente al colectivo”. Antes de esta se habían desarrollado dos protocolos que también son muy importantes y que son pioneros a nivel estatal: el protocolo educativo del año 2017 y el protocolo sanitario de 2019.
Aunque nacieron como reglamentos de esa ley de 2014 patologizante dieron un paso adelante y se reglamentaron sin la patologización. “Por ejemplo, a nivel educativo y desde el año 2017 en Canarias no se exige ningún certificado médico para que un menor haga su tránsito en el centro donde cursa estudios y, con el tiempo, ha ido incorporando otras realidades”, explica la psicóloga. La ley canaria viene a aportar seguridad, visibilidad, garantías y derechos. “Pero la realidad del colectivo sigue siendo castigada por la transfobia porque esta no entiende de leyes”, concluye Hinojosa.