El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha registrado en su segundo año de funcionamiento 607 denuncias, un 66,3% más que en el primer año. Según ha informado este lunes en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en este segundo periodo, comprendido entre los meses de octubre de 2022 y 2023, se han incrementado en un 95 los supuestos casos de delitos contra la libertad sexual, con 235 denuncias en el partido judicial, que tiene competencia sobre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y San Mateo.
El número de procesos abiertos por delitos contra la integridad moral y maltrato físico y psíquico interfamiliar fue en el último ejercicio de 311, lo que evidencia un aumento del 64,5% en el volumen de entrada de este tipo de delincuencia. Según el juzgado, el gran incremento de denuncias ha ralentizado la práctica de pruebas preconstituidas —toma de declaración previa con todas las garantías, que se graba en soporte audiovisual y que es plenamente válida para su reproducción en cualquier fase del proceso, incluida la vista oral—, ya que el tiempo de espera se ha demorado a 16 días.
Nueva política judicial
El grupo de investigación que analiza los plazos temporales y el nivel de ansiedad y estrés de las víctimas que acuden al Juzgado ha aportado a la autoridad judicial sus primeros estudios, que concluyen que la creación del nuevo órgano causa “menor dilación” desde la denuncia hasta la práctica de la prueba preconstituida, produciendo “un impacto” positivo “de gran magnitud sobre la Justicia procesal, y, consecuentemente, sobre la victimización secundaria”.
Este grupo de estudio considera que la experiencia piloto de Las Palmas de Gran Canaria “servirá para avalar una nueva política judicial que reduzca la victimización secundaria de los menores víctimas de violencia a través de la creación y dotación de los juzgados especializados adaptados a la infancia y la adolescencia”.