“Quiero declarar”. Con estas palabras del empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, comenzaba la jornada más esperada del juicio contra él y Héctor de Armas en el que se los acusa de presuntos delitos contra Hacienda y fraude a la Seguridad Social. Ambos respondieron este miércoles a las preguntas de las partes que participan en la causa y la expectación sobrepasaba a la de días anteriores. La notable presencia de medios de comunicación, de curiosos y de Unión Sindical Obrera (USO) no dejaron lugar a dudas.
Las versiones de uno y de otro fueron totalmente contrapuestas. Ramírez trató de defender su inocencia con una actitud más nerviosa de la que había mostrado en la sala desde que empezó el juicio hasta el punto de que el juez le pidió que bajara el tono. “Tiene razón, pido disculpas, señoría, son 10 años esperando este momento”, respondió. Antes de ser llamado al orden por el presidente del Tribunal había reclamado que tiene derecho a que no se le manipule el procedimiento. Minutos más tarde comentó que toda esta situación que ha vivido “es un atropello”.
"¡Eso es mentira!"
El presidente de la UD protestó porque lleva una década escuchando que no paga a la Seguridad Social. “¡Eso es mentira!”, exclamó. Tras oír las más de dos horas de testimonio por parte del empresario, De Armas salió al estrado para contar su verdad con la intención de desmentirlo casi todo y declaró: “Me duele humanamente que [Ramírez], sin arrugar un músculo de la cara, haya mentido como lo ha hecho hoy aquí”.
Las discrepancias entre quienes en su día tuvieron una estrecha relación laboral y empresarial eran evidentes. De Armas, a sus duras palabras contra Ramírez, añadió que “él nada perfectamente en la indefinición y construye después la verdad que se acaba creyendo”.
El comienzo
Su vínculo, como expresó hoy Ramírez, partió en 2009 cuando De Armas se incorporó a Seguridad Integral Canaria (SIC) “y cuando consideré que había adquirido experiencia suficiente le di la administración de la empresa”. La decisión vino motivada porque el presidente de la UD tenía más compañías que, dijo, le iban a ocupar mucho tiempo y buscó a alguien que lo sustituyera.
El quid de la cuestión para entender por qué están sentados en el banquillo es una denuncia del año 2014 por parte de un trabajador que fue despedido por indicar que SIC abonaba las horas extra como dietas para defraudar a la Hacienda pública y a la Seguridad Social. Ramírez lo negó rotundamente y aseguró que si se declaraba que un empleado había cobrado dietas y kilometraje, es porque se trataba estrictamente de eso.
Los cuadrantes
Aclaró que toda la información constaba en el sistema de cuadrantes. Según dijo, mientras él fue administrador único, era muy rudimentario. “Eran hojas hechas a mano que denominábamos sábanas, pero había un control”. Entre otros, constaba qué trabajador iba a cubrir el servicio, en qué horario y si devengaban dietas.
Sobre el kilometraje opinó que “no es tan complicado como se ha dicho en este plenario sobre si no se podía justificar”. Apuntó que el convenio de seguridad establece que el kilómetro hay que pagarlo a 0,19 euros y así hacía. “Como si quieren ir caminando a Pasito Blanco, les tengo que pagar a ese precio el kilómetro”, indicó.
El juez Salvador Alba
Diferentes personas que se han sentado en el estrado han señalado a SIC sobre lo difícil que era, supuestamente, pedirle documentación. El acusado negó la mayor y dijo que en su momento puso a disposición de la jueza Victoria Rosell, pero que el juzgado de instrucción “jamás” se la pidió.
No dudó tampoco en cargar contra el magistrado Salvador Alba, quien llegó a instruir la causa, de quien dijo que “no le importaba la documentación”. “Le importaba ponerme una fianza de 36 millones de euros que afectó a mi reputación contable y social, esta causa la prostituye Alba con todas sus decisiones, porque su único interés era acceder a mis cuentas y comprobar los acuerdos publicitarios que tenía con el señor Carlos Sosa [director de CanariasAhora y pareja de Rosell]”, aseveró.
No perder el hilo
Resaltó Ramírez que la Seguridad Social ya ha dicho que las dietas de las que se dice que son horas extra son realmente dietas. “Y ustedes siguen erre que erre”, comentó. En el interrogatorio con la fiscal llegó a pedir que lo dejara hablar para “no perder el hilo”. “Usted es más profesional que yo, me tiene que permitir esto, doña Evangelina”, le solicitó.
También garantizó que “las horas extra que se hacían se pagaban”. “Y las que no, se denunciaban y se pagaban en el juzgado”, agregó. También cree que con las horas extraordinarias que se llevaban a cabo sí se podían cumplir todos los servicios de sus clientes.
Toma de decisiones
Ramírez considera que toda esta causa judicial ha hecho que SIC no sea una de las principales empresas de seguridad de España. Acerca de si cobraba un sueldo mientras Héctor de Armas era administrador único explicó que lo hacía como propietario. “Él entendía que yo debía cobrar ese dinero. Me lo subía, supongo, para tenerme contento”.
A preguntas de su abogado negó que tomara decisiones en la empresa en la época en la que ya no era administrador único. Entre otros, garantizó que nunca firmó nada en representación de la empresa, ni formuló las cuentas, ni tampoco dio órdenes.
Línea de actuación
En su turno, De Armas no dijo lo mismo. “Ramírez marcaba la línea de actuación de la empresa”, resaltó. “Despachaba directamente con todo el mundo, yo desde mi despacho veía a la gente que iba al suyo y nadie me comunicaba la orden que había recibido”, destacó.
“Ramírez tenía la habilidad de colocar en el sitio preciso de la organización a personas de su máxima confianza”, atestiguó. También garantizó que el presidente de la UD Las Palmas “daba las órdenes directa y expresamente”, así como que “tenía la clave de Frimática y accedía a todo”.
"Todos lo sabían"
De Armas afirmó ante el juez que “el pago en dietas eran horas extra” y que “todos lo sabían”. “El procedimiento en las otras empresas que gestionaba él era el mismo”, agregó. Apostilló que para poder hacer un buen servicio era fundamental hacer horas extra o contratar, “pero no se contrató”.
La fiscal le preguntó si tenía ánimo de perjudicar a Miguel Ángel Ramírez con sus respuestas y respondió que no pretende perjudicar a nadie, pero tampoco quiere que se le perjudique con una maniobra que Ramírez "diseñó: Yo me quito de en medio y aquí está el tonto".
Arropado
Ramírez no estuvo solo el día de su comparecencia. En la sala también estuvieron presentes Patricio Viñayo —director general de la UD Las Palmas—, Tonono —director de formación y captación del club amarillo—, Daniel Fainstein —administrador único de la productora audiovisual de la entidad deportiva—, Juan Manuel Rodríguez —exentrenador de la UD— y Turu Flores —exjugador del equipo amarillo—.