Este martes se ha celebrado la quinta sesión de un juicio cada vez más enredado. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas volvió a recibir al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y a Héctor de Armas por un presunto fraude a la Seguridad Social y delitos contra Hacienda. En esta jornada también se sentaron en el banquillo, por primera vez, testigos propuestos por la defensa, también antiguos empleados de Seguridad Integral Canaria (SIC).
Y aquí, tras cuatro horas, es cuando han comenzado las contradicciones. Por ejemplo, trabajadores que, al contrario que otros que han desfilado por el mismo banquillo, han asegurado no haber realizado horas extra —o que si lo hacían se compensaban con días libres—, mientras que Carmelo Jiménez, abogado laboralista de SIC, ha afirmado que no se respetaban las 80 horas extra al año fijadas en el Estatuto de los Trabajadores.
Dietas u horas extra
En esta jornada también declaró como testigo de la defensa Manuel del Pino Hernández, exempleado y primo de Ramírez. Del Pino, que empezó a trabajar en 1999, llegó a ser responsable de seguridad en SIC y aseguró que cuando se hacían horas que excedían de la jornada, estas se abonaban como dietas. Esto fue así “desde 1999 hasta 2018 y a todo el mundo”, aunque, no recordaba cómo se realizaban estos pagos, si venían incluidos en la nómina o en un ingreso independiente. No obstante, posteriormente pareció cambiar de parecer y confirmó que “las horas que se pasaban se compensaban con días libres”. Asimismo, aseguró que no escuchó a otros trabajadores decir que “las horas extra se camuflaban como dietas”.
Del Pino, en 2009, cobró 19.000 euros en dietas y, según explicó, se debía a que tenía una cantidad asignada al mes para gastos de representación de empresa que no debía justificar. Estos gastos se los ingresaban directamente en nómina, sin necesidad de tickets de cobro y, además, disponía de una tarjeta de empresa “que no utilizaba”.
Alta conflictividad
En esta sesión también declaró Nuria Faraldo Mendieta, directora de Recursos Humanos de SIC desde 2003. Reconoció que la conflictividad era alta en la compañía y que por ello su función era, sobre todo, jurídica. La entonces responsable de RRHH ha dicho que “la inmensa mayoría de las reclamaciones de los empleados se referían a las horas extra trabajadas, que pedían que se les pagara al precio del convenio”. Aunque, es cierto que tenían tres meses para intentar compensar esas horas, no obstante, había ocasiones en las que esto era imposible.
Otro testigo, que trabajó durante 19 años en Seguridad Integral Canaria, declaró que las horas extra se compensaban con horas y días libres y que, si alguna vez se pagaban, se incluían en la nómina. En su caso, prestaba servicio en las cocheras de Guaguas Municipales de El Sebadal, donde SIC ofrecía vigilancias de 24 horas todo el año, que cubrían tres vigilantes y un cuarto para cubrir los días libres. Ante esta realidad, la fiscal planteó si era posible cubrir ese servicio de 24 horas al día durante los 365 días del año con solo tres trabajadores y sin realizar horas extra.
Inspecciones
Volviendo a Carmelo Jiménez, este era el encargado de asistir a las inspecciones de la Seguridad Social en Madrid, que se llevaban a cabo cada cuatro años y que es una práctica habitual en las grandes empresas como SIC. Participó en la última de los años comprendidos entre 2009 y 2012, que concluyó como todas: con un reconocimiento de deuda de tres millones de euros por ingresos de cantidades no justificadas como dietas.
Manifestó, además, que le sorprendió que se reabriera la actuación inspectora tras el acuerdo de reconocimiento de deuda de 2014 y se pidiera una prórroga de nueve meses. También expuso que le comentó el inspector que se debía a que habían recibido una "alerta de Hacienda" y que no se podía concluir y admitió su sobresalto después de que se les impusiera una sanción de 6.000 euros, "lo mínimo de lo mínimo", por un supuesto error en el pago de 14 millones de euros.
Además, indicó que se le autorizó abonar esa deuda a plazos a lo largo de 10 años y por parte de SIC se pagaron los casi dos millones de la parte inaplazable relativa a la cuota de los trabajadores, mientras que el resto se fraccionó en pagos mensuales de más de 100.000 euros, de los que se hicieron varios, según recordó.
Delitos
El empresario y presidente de la UD Las Palmas fue denunciado por un presunto delito contra la Seguridad Social. La Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y la Unión Sindical Obrera (USO) acusan a Ramírez y a Héctor de Armas de recurrir de forma sistemática a una serie de “ficciones” en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de 2008. De Armas sustituyó al empresario en el cargo de administrador único en 2011. Sin embargo, Ramírez con el 91,4% de las acciones de la empresa, presuntamente la seguía gestionando.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, asegura que Miguel Ángel Ramírez cometió cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social y solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa. La Fiscalía acusa a Héctor de Armas de haber cometido tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social y pide la pena total de 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa.