El administrador único de la inmobiliaria Apartur S.A. de Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a una pena de más de cuatro años de cárcel. La Fiscalía lo acusa de ser el presunto autor de un delito de apropiación indebida mientras desempeñaba el mencionado cargo, en una empresa que destaca por el alquiler de apartamentos turísticos en la capital grancanaria.
El acusado, C.T.G., será juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas el próximo martes y además de la pena de prisión se enfrenta al pago de una indemnización de 167.367,16 euros, que es la presunta cantidad indebidamente apropiada.
Beneficio ilícito
Según el Ministerio Fiscal, C.T.G., desde su nombramiento el 13 de noviembre de 2013, y con el ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, dispuso de forma fraudulenta del patrimonio de Apartur en su provecho y en perjuicio del patrimonio de ésta y de sus socios.
“Actuando con el citado ánimo, tomó para sí de la caja de la sociedad, y de forma fraccionada, la cantidad de 47.420,16 euros, sin que se haya justificado el destino de dicha cuantía, que incorporó a su patrimonio y por la que los perjudicados reclaman”, apunta la Fiscalía. También le acusa de robar de las cuentas de la sociedad la cantidad de 6.347,04 euros entre 2016 y 2017.
Venta de apartamentos
La Fiscalía igualmente tiene en cuenta que en noviembre de 2017, Apartur tuvo que vender varios de los apartamentos que gestionaba para hacer frente a una sentencia judicial que les condenaba a pagar la cantidad de 256.364,95 euros.
Según el escrito de acusación, C.T.G., solo ingresó en la cuenta del juzgado a disposición de los acreedores la cantidad de 134.864,95 euros.
Al administrador también se le acusa de realizar numerosas disposiciones en efectivo desde los cajeros automáticos de distintas entidades bancarias con las que trabajaba Apartur e incluso de cobrar cheques que estaban a nombre de la empresa. Además, de los cuatro años de prisión y la indemnización, la Fiscalía solicita para el acusado una multa a razón de 12 euros diarios durante 11 meses.