La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha ampliado la investigación del conocido como caso cuarteles al ver indicios de un posible delito de cohecho en la actuación de los cuatro investigados, entre ellos el exresponsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila Carlos Alonso Rodríguez.
Además de los delitos de falsedad continuada en documento oficial y malversación que hasta el momento investigaba, la magistrada ha ampliado la imputación a un delito de cohecho, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, que recientemente apuntó a los indicios existentes de este tipo penal en el caso, según ha adelantado El Periódico de España y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
Causa transformada
La jueza Isabel Durántez ha dictado un auto en el que considera que la causa debe ser transformada en un procedimiento ante el tribunal del jurado y cita a los cuatro investigados el próximo 17 de mayo para celebrar la "vistilla" prevista en el artículo 25 de la Ley del Tribunal de Jurado, en la que todas las partes son convocadas para concretar las imputaciones o bien instar al sobreseimiento, y para solicitar las diligencias que consideren necesarias.
El 17 de mayo es el día que ya tenía previsto comparecer el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez a petición propia.
Comparecientes
Además de él, deberán hacerlo el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil; el empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como Mon y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador, y otro empresario.
En este caso la magistrada investiga si, como denunció Asuntos Internos del instituto armado, hubo irregularidades en la adjudicación de obras de trece comandancias de toda España, que no llegaron a realizarse o se hicieron parcialmente tras ser adjudicadas a Tejera de León por un valor total de 3,3 millones de euros entre 2008 y 2019.
Ahora, la causa, de la que recientemente se ha hecho cargo por parte de la Fiscalía la fiscal Virna María Alonso Fernández, especializada en asuntos económicos, está pendiente de la elaboración de un peritaje para dilucidar si las obras acometidas son acordes con las facturas.