El juez Francisco de Jorge Mesas, titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, ha impulsado el caso Soule, que investiga desde 2017 una supuesta trama de corrupción dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al dividir el proceso en siete piezas separadas. Dos de esas causas, según ha podido saber este periódico al acceder al auto del magistrado, se centran en las actividades de las Federaciones Interinsulares de Fútbol de Tenerife y de Las Palmas, en la gestión de sus expresidentes —Juan Padrón y Antonio Suárez, respectivamente— y en la colaboración de varias empresas con ambos entes.
El objetivo de este movimiento, solicitado también por la Fiscalía, es examinar de manera particular los hechos de cada una de las federaciones, tanto la nacional como las autonómicas —también aparecen la RFEF, la cántabra, la catalana y las delegaciones territoriales de Anadalucía y Baleares de la MUPRESFE—. La investigación, ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que derivó en la detención hace siete años de Ángel María Villar —entonces presidente de la RFEF—, se centró sobre supuestos delitos de corrupción, administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y posible uso indebido de fondos públicos.
Investigación en Tenerife
La pieza separada referida a la Federación Tinerfeña de Fútbol tiene como objetivo a figuras clave, incluyendo a Juan Padrón, Ramón Ángel Hernández Bausso, Fermín Bernard Vico y Vicente Bernard Vico, todos investigados por la gestión del organismo. Se les acusa de presuntas prácticas corruptas y de usar la organización para beneficio personal, lo cual podría tener implicaciones devastadoras para la reputación del fútbol en Tenerife.
Entre los involucrados también se encuentran compañías como Estudio 2000 SA y Tenerife Sport SL, investigadas como partícipes a título lucrativo. Estas entidades son señaladas por supuestamente beneficiarse de actividades ilegales, lo que ha llevado a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, así como a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y otras instituciones, a sumarse como partes acusadoras en este caso.
Las Palmas, bajo lupa
En el caso de la Federación de Fútbol Interinsular de Las Palmas, la lista de investigados incluye a Juan Francisco Espino Sánchez-Grande, Juan Manuel Soria Hurtado, Juan Carlos Naranjo Sintes y Daniel Tebar Betegón, que están siendo señalados por su implicación en supuestos actos de corrupción y manejo inapropiado de fondos federativos. Las empresas ICD, Triton Sport SL, y Magein 2012 SL también figuran en la lista de investigados, implicadas como beneficiarias de los delitos que se investigan.
Estas piezas separadas se centran en el presunto uso indebido de los recursos y en supuestas prácticas corruptas en las que la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija y la Abogacía del Estado también figuran como partes acusadoras.
Archivo para 18 personas
El auto firmado por el juez De Jorge Mesas, que dirige una investigación que comenzó Santiago Pedraz y luego continuó Alejandro Abascal, señala que “resulta necesario la formación de piezas separadas para preparar adecuadamente el juicio dividiendo la causa por hechos y acusados con el objeto de simplificar en enjuiciamiento evitando un juicio con una multiplicidad compleja de hechos diferenciados y atribuidos a autores diferentes".
El magistrado, que en otro auto acuerda el archivo de las actuaciones para 18 personas y cuatro empresas a la vista de lo solicitado por el Ministerio Fiscal —al no haber quedada debidamente acreditada su participación en los hechos investigados—, además indica que estas piezas separadas "se incorporará testimonio de todo el procedimiento principal y de las piezas existentes y, en las mismas, se acordará lo procedente".