El juez instructor del caso Mascarillas ha citado a declarar como testigos a dos funcionarias que denunciaron incongruencias en el segundo pago de dos millones de euros por parte del Servicio Canario de la Salud a la empresa RR7. La sociedad cobró cuatro millones de euros a cambio de un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.
Las testigos son dos funcionarias de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Sanidad del Gobierno, según ha adelantado Canarias7. Comparecerán el próximo 17 de octubre a petición del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas. Hasta la fecha han declarado en calidad de testigos tres funcionarias, jefas de servicio y de sección, que aseguraron que no recordaban un expediente tramitado con la celeridad y falta de garantías que caracteriza al de RR7 y que advirtieron a Ana María Pérez de que Sanidad se podría encontrar ante una estafa.
Más testigos
Al presidente el Gobierno de Canarias, Ángel Victor Torres, que ha sido citado el próximo 2 de noviembre, se le unen dos nuevas testigos que intentarán clarificar los hechos. A los tres investigados (Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud; Ana María Pérez, ex directora general de Recursos Económicos en Sanidad; y Rayco González, administrador único de RR7 United, empresa que recibió el pago de cuatro millones por las mascarillas) se han sumado esta semana otros tres imputados: Adoración Sánchez, madre de Rayco González; Belén María de los Ángeles Alemán, esposa del empresario; y Kevin Sánchez, primo del dueño de RR7. Estas personas investigadas declararán una semana después de que lo haga Torres.
El líder socialista presidía el comité de emergencias cuando se firmó el contrato entre el SCS y la empresa RR7 que recibió cuatro millones de euros de dinero público para la compra de mascarillasque nunca llegaron. Al respecto, Torres dijo que "desde el primer momento, el Gobierno de Canarias se ha puesto a disposición de la justicia para esclarecer este caso y para recuperar hasta el último euro".