El exconsejero canario de Transición ecológica, José Antonio Valbuena, ha urgido al Estado a resolver por decreto o concurso exprés la instalación de equipos para corregir el déficit de potencia instalada en el sistema eléctrico isleño. Una amenaza que puede repetirse en Tenerife o Gran Canaria el cero energético que sufrió La Gomera por varios días este verano, incluso de forma más grave.
En ambas islas capitalinas se precisa un mínimo de 200 megavatios adicionales, equivalentes al 20 % de la potencia actualmente instalada, y, según Valbuena, el Gobierno de Canarias ha propuesto al Ministerio soluciones viables a las que éste no ha respondido por escrito, aunque ha transmitido que considera que no se ajustan a la legislación.
Limitaciones energéticas
La voz de alarma sobre las limitaciones energéticas la dio el operador Red Eléctrica el 29 de septiembre de 2021, ha dicho a EFE este sábado Valbuena en respuesta a un comunicado del Ministerio. En una escrito, afirma que la selección de las medidas temporales de emergencia son competencia del Gobierno autonómico y es el Ministerio el que autoriza la cobertura de los costes, como hizo en un borrador de orden ministerial.
Para Valbuena, un primer problema que surge en este complicado contencioso es que las medidas requeridas no son coyunturales por una emergencia, sino estructurales. Por eso, paralelamente, se han dado los primeros pasos para poner en marcha un concurso para la instalación de nuevos equipos, cuyas bases se han publicado y que está en fase de alegaciones, pero cuya adjudicación puede demorarse cinco años.
Hasta cuatro empresas
Valbuena ha señalado que el Gobierno de Canarias contactó con hasta cuatro empresas dispuestas a instalar cuanto antes los equipos para la producción de los 200 megavatios que eviten el riesgo de cero energético, una infraestructura que, como mínimo, tarda un año en ponerse en marcha.
El problema para esas empresas es que el borrador de orden ministerial solo compromete el pago por un año y limitado a su uso real, con lo cual estas no pueden asumir el coste de decenas de millones de euros que puede suponer una instalación que les sería imposible amortizar. Además, la empresa que acudiera en auxilio del Gobierno de Canarias con esos equipos de 200 megavatios no podría participar en el concurso regular, cuyas bases ya se han publicado, debido a que no se permite concurrir con una potencia ya instalada.