Europa vive una deriva antimigratoria en varios países donde avanzan los partidos de ultraderecha. Uno de los ejemplos más sonados está en Italia, un lugar al que arriban personas mediante la ruta del Mediterráneo con el fin de dejar atrás contextos difíciles, pero que se encuentran con la negativa de la primera ministra, Giorgia Meloni, a recibirlos. El pasado mes de julio, Amnistía Internacional denunció que los migrantes estaban sufriendo abusos al ser privados de libertad. “La detención se debe emplear de manera excepcional y como medida de último recurso”, exponía el organismo en una nota. Se trata de una tendencia a la que se han unido estados como Holanda o Suecia —con medidas distintas— en medio de la crisis que vive Canarias con la llegada incesante de cayucos y pateras. El Archipiélago ha tocado en múltiples ocasiones las puertas de la Unión Europea (UE) con el objetivo de pedir ayuda y ahora esta realidad pone en jaque la solidaridad del viejo continente para acogerlos.
“No tenemos que dejarnos abatir por la desesperanza ni por la frustración de que haya países que están optando por una medida antimigratoria, que lesionan derechos y lesionan leyes”, apunta Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en las Islas. Durante una entrevista concedida a Atlántico Hoy, asegura que no puede vincularse a la acción general de la UE, institución que “se ha manifestado de manera contundente sobre que la realidad migratoria supone un desafío increíble”. “No puede ser que nos dejemos vencer como sociedad”, insiste. Su tesis no está lejos de la realidad. Hace unos días, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, visitó Canarias para mostrar su apoyo al presidente regional, Fernando Clavijo.
¿Lo conseguirá Países Bajos?
Schinas transmitió su voluntad de ayudar en el desarrollo de las estructuras de acogida, así como a través del apoyo de la Agencia de Asilo de la UE y de Frontex. Lo hizo en una semana que terminó con 2.500 llegadas de migrantes a las costas del Archipiélago. Mientras, el Gobierno de Países Bajos pedía ser excluido de las normas de asilo europeas —aunque sus eurodiputados votaron a favor en mayo— porque su primer ministro, Dick Schoof —del PVV, formación nacionalista de extrema derecha—, se niega a acoger a más personas. Allí piden quedarse gente de muchos puntos del globo: somalíes, yemeníes, turcos, sirios o eritreos.
“Que Países Bajos lo solicite”, dice el coordinador territorial de CEAR, “no significa que lo vaya a conseguir”. “Pero sí denota una forma de afrontar la realidad, una óptica de ultraderecha”, agrega. Bajo su punto de vista, el pacto europeo de migración y asilo, “aún suponiendo más riesgo que oportunidades para las personas”, podrá evitar que haya países que se descuelguen de alguna manera de ciertas normas comunes que intentan establecer un marco común. Aunque será necesario explicárselo a Meloni, la primera ministra italiana, quien además ha llegado a un acuerdo con Albania, su país vecino, para instalar centros de deportación en los que podrán entrar hasta 36.000 migrantes al año.
Acuerdo con Albania
Como publicó el periódico El Economista, el acuerdo entre ambos estados fue alcanzado en noviembre de 2023. El centro de tramitación para gestionar los aspectos burocráticos estaría en el puerto de Shengjin con otros dos en la ciudad de Gjader para solicitantes de asilo. En febrero de este año se le dio el visto bueno tras pasar varias veces por el Tribunal Constitucional de Albania, por el Parlamento y por el Senado. Además, en 2023, el gobierno italiano adoptó medidas destinadas a ampliar el uso de la detención relacionada con la migración, entre ellas planes para la construcción de nuevos centros de detención, la ampliación a 18 meses del tiempo máximo de detención para la repatriación y la aplicación de “procedimientos fronterizos” a las personas procedentes de “países seguros”.
Volviendo a Países Bajos, anunció un programa para incluir reformas en el sistema de asilo. Considera que la migración, el principal factor para explicar el crecimiento demográfico, ejerce una enorme presión sobre el mercado inmobiliario, la atención médica y la educación, además de influir en la cohesión social y la seguridad, tal y como informa RTVE. La cosa no queda ahí porque el pasado mes de mayo hubo 15 estados que firmaron una carta común para endurecer su política migratoria. Aparte de Italia o Países Bajos, estaban Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia y Rumanía. Todos pedían pensar de forma innovadora para dar con nuevas maneras de resolver el problema.
"No es generalizado"
Lorenzo apunta que desde CEAR constatan la deriva que están tomando determinados países. “No es generalizado que cada vez se suman más, una deriva antimigratoria que pretende restringir en sus propios estados los derechos de las personas migrantes. Y también los derechos de las personas que solicitan asilo y protección internacional buscando excepciones a la aplicabilidad de las normas comunitarias”.
“Eso es consecuencia de un discurso que encontramos en el contexto de la Unión Europea de externalización de fronteras que pretende que las personas mientras más lejos estén, mejor. Basado eminentemente en razones en medidas de tipo securitario y no precisamente de garantía de derechos de las personas”, reflexiona. Aunque su principal llamada es a la esperanza, pone sobre la mesa que las Islas, por su condición de frontera sur, reciben a mucha gente que llega a través de la ruta Canaria —considerada la más mortal del mundo— con el objetivo de continuar su tránsito en el continente europeo, donde cuentan con redes de apoyo tanto de familiares como de amigos. “Allí posiblemente tengan muchas más oportunidades para poder desarrollar un proyecto de vida digno y autónomo”, apostilla.
Visión regionalista
“Jugamos el papel que juega la frontera sur, allí donde las personas llegan. No solo se requiere de una visión regionalista de la del asunto, sino sobre todo una visión y un afrontamiento europeísta. Nosotros afortunadamente no experimentamos una preeminencia del discurso de ultraderecha que ejerza acción de gobierno. Eso también refleja una forma de ser de una sociedad en ese sentido. Nosotros optamos por políticas progresistas que están en contra frontalmente del ideario de esas opciones ultraderecha”, expone.
Es lo que ocurre en Suecia. Su primer ministro, Ulf Kristersson —apoyado en el Ejecutivo por una fuerza de extrema derecha—, ha elaborado un plan que fue presentado por el ministro de Migración, Johan Forssell. Consiste en ofrecer hasta 350.000 coronas suecas, lo que serían 30.000 euros al cambio, para incentivar a los migrantes a abandonar el país. Como publicó eldiario.es, la medida iba dirigida a las personas “que perciban que la vida en Suecia no haya salido como querían, que estén atascados y alienados o que sean más mayores y quieran regresar al país del que vinieron originalmente”.
Saldo migratorio positivo
“Suecia ha tenido también una evolución muy curiosa en los últimos 10 o 15 años, tenía una política bastante permeable con personas refugiadas en 2015 con los refugiados de la guerra de Siria. Ha ido degenerando su política a una mayor restricción de los derechos de las personas migrantes”, expone Lorenzo.
“No solo para acceder al país, sino también para tener una vida lo más normalizada y lo más igualitaria en derechos como las personas nacionales. Los últimos datos hablan de un saldo de migración neto positivo, es decir, hay más personas migrantes que personas inmigrantes de Suecia”, prosigue.
Lorenzo subraya que no se puede hablar de que las personas se quedan en Canarias generando una sobresaturación en todos los niveles, “se les dan recursos en la Península y continúan el tránsito migratorio”. “Los menores de edad tienen necesidades específicas y requiere un tratamiento específico muy especializado, muy cercano en el acompañamiento en el cuidado de integración en el que debe participar todo el territorio nacional”, añade.