La Asociación de Inspectores de la Salud Pública en Canarias paró sus concentraciones para exigir mejoras en sus condiciones laborales ante la promesa de reunirse con el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez. Sin embargo, las promesas alcanzadas en ese sentido no sirvieron para nada. El colectivo ha remarcado la demanda de una reglamentación específica para los inspectores de Salud Pública que favorezca medidas con mayores garantías y seguridad a la salud de la población, al aumento de los recursos humanos y de distintos materiales, así como facilitar sus desplazamientos a los lugares de inspección y corregir "un importante agravio" con respectos al resto de los miembros de cuerpos de inspectores de la autonomía.La mencionada entidad aclara que "será la administración la única responsable de los problemas sanitarios que se ocasionen por la falta de medios". Denuncia la "precaria situación de este colectivo", que lleva años alertando de una grave falta de medios que puede repercutir en que "las labores preventivas en el tema covid no se estén pudiendo realizar de la manera correcta".
Aumento de personal
Su presidente, Jafet Nonato, subraya al medio digital canario AtlánticoHoy la necesidad de que se aumente el personal, vehículos e instrumentos necesarios para su labor inspectora en un momento en que "la prevención en materia de salud pública es fundamental". Asimismo, Nonato expone que la actual plantilla que hay en Canarias abarca "cada vez más actividades con los escasos medios de los que disponen" y, pese a todo, los inspectores de Salud Pública tratan de llegar a todo lo que pueden "por responsabilidad personal". Este colectivo cuenta con una experiencia de más de veinticinco años en la prevención y control de enfermedades transmisibles.Propios medios personales
El presidente de la asociación asegura que el trabajo sale adelante porque los inspectores "ponen sus propios medios personales y amplían sus jornadas laborales lo necesario". Por ejemplo, cita que los compañeros acuden a los mataderos desde las 3 de la mañana, "cuando nuestro horario es de 8:00 a 15:00. Si hay una urgencia, nosotros vamos por buena fe, por proteger la salud pública, no porque estemos obligados a ir. Es un acto de responsabilidad", insiste."Por la tarde y los fines de semana no existe la salud pública", subraya Nonato, quien señala que tampoco hay guardias, ni un reglamento de funcionamiento del cuerpo de inspectores. "Solo una desorganización que cada vez va a más".Vehículos de traslado
Por lo pronto, trasladarse en guagua sigue siendo una realidad para muchos de ellos ante la falta de vehículos para realizar su labor inspectora, vehículos públicos en los que no deberían trasladarse tales muestras y que repercuten en un peor aprovechamiento del horario y dificultades para alcanzar ciertos lugares más recónditos."Insistimos en que la única manera de impedir que el número de infectados aumente es la prevención. Instamos, por tanto, al Gobierno de Canarias, de una vez por todas, a dar solución a las graves carencias descritas", concluye.
Un inspector por cada 25.000 habitantes, el doble que la media nacional
En Canarias, la media es de un inspector por cada 25.000 habitantes, cuando esta en el resto del territorio español se sitúa en un inspector por cada 12.000 habitantes.El colectivo denuncia que las cargas de trabajo son inasumibles, que las bajas, en muchas ocasiones, no se cubren y que las Islas cuentan con el mismo número de inspectores, 125, desde 2007. A todo ello se suman las características del Archipiélago y las actuaciones urgentes que se llevan a cabo en detrimento de las funciones vitales en el ámbito de la salud pública.