La historia interminable. Así podría llamarse el juicio que se está celebrando en contra del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y de Héctor de Armas por un presunto fraude contra la Seguridad Social y Hacienda. Tras una larga semana donde los testigos, tanto de la acusación como de la defensa se han sentado en el banquillo a declarar, empieza a pesar el cansancio en la sala. Más de cuatro horas ha durado la jornada de este jueves donde solo tres personas han podido testificar —hubo problemas técnicos con la grabación de la sesión y se tuvo que parar en varias ocasiones—.
En el sexto episodio de esta trama le ha tocado el turno al inspector de la Agencia Tributaria, Alejandro Miño, y su homónimo de la Seguridad Social, Plácido de Blas, junto a Monserrat Sorolla, también de la administración pública. En ese contexto, la fiscal Evangelina Ríos se puso completamente las botas a la hora de realizar el interrogatorio al primero de ellos, una interpelación que llegó a superar las dos horas. Fue aquí cuando Miño explicó que el motivo determinante para realizar una inspección a Seguridad Integral Canaria (SIC) fue la existencia de denuncias previas, anteriores y repetitivas en el tiempo sobre el hecho de que el importe de las dietas era muy elevado.
Sospechas
Fue entonces cuando se le pidió a SIC la justificación para poder acreditar y eximir de retenciones esas dietas que, según explicó el inspector de Hacienda, “estas tienen que obedecer, en todo caso, a un desplazamiento y cubrir requisitos como salir del término municipal” —algo que no pasaba con muchos de los trabajadores de SIC que siempre se mantenían en el mismo lugar de trabajo—. Es obligación de la empresa, continúa, conocer y conservar la documentación para acreditar esas dietas. Sin embargo, la información que aportó SIC para acreditarlas era “incompleta, incorrecta e inveraz” y el proceso se convirtió en un “juego del gato y el ratón”.
¿Qué le hizo proseguir con la inspección? Al principio, “cuando comencé con la investigación, pensaba que las dietas estaban infladas”, explica Miño, pero cuando vió que “ninguna documentación era fiable, sospeché que había algo más”. Se entrevistó, entonces, con cuatro trabajadores que “dijeron que no habían cobrado dietas, sino horas extra que se cobraban como dieta”. Él y su equipo siguieron con estas entrevistas, esta vez con 200 trabajadores más: “La mayoría vinieron a decir lo mismo que los cuatro primeros”.
Solo un pequeño número de trabajadores mantuvo la existencia de dietas cobradas en nómina pero, según Miño, sus declaraciones presentaban inconsistencia. Asimismo, cobraban unas cantidades fijas que la empresa pagaba “sin justificaciones”, es decir, sin tickets de compra o forma de asegurar que el gasto en dietas se había realizado. “Es imposible que una dieta sea siempre la misma” porque existe una limitación de nueve meses —si el desplazamiento se prolonga durante nueve meses, las dietas ya no se exceptúan de gravamen— y porque el desplazamiento está en función del kilometraje.
Más explicaciones
Otra de las sospechas contra la empresa de Miguel Ángel Ramírez es que “lo que declaraba en concepto de dietas era muy superior a lo que declaran las empresas del sector”. Por ejemplo, asegura que había un trabajador que recibía 44.000 euros al año en concepto de dietas. El inspector pidió una explicación a la empresa, pero no se le dio. “No puedo comprender cómo le beneficia a la empresa no aportar pruebas que supuestamente le favorecen”.
Para Miño era imposible ajustar los cuadrantes con la realidad porque había trabajadores “que nunca habían salido del término municipal que recibían dietas de manutención”. Además, se percibió que existía una desigual distribución entre la isla de Tenerife y la de Gran Canaria. “Si lo que decían que eran dietas lo era de verdad”, expresó a la sala, “tenían que estar vinculadas al desplazamiento”, pero, según los servicios que prestaba SIC en cada isla, “tendría que haber habido un desplazamiento superior en Tenerife” —porque SIC trabajaba la seguridad del aeropuerto sur por aquel entonces—. Esa operación demostraba, por tanto, que las cantidades en concepto de dietas correspondían al número de trabajadores en cada isla y no al número de desplazamientos.
Por tanto, tras la realización de varios informes, Miño concluyó que la empresa había “disfrazado” retribuciones sujetas a retención con “intención clara de ocultar y disimular” bajo dieta lo que eran otros conceptos salariales.
Delitos
El empresario y presidente de la UD Las Palmas fue denunciado por un presunto delito contra la Seguridad Social. La Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y la Unión Sindical Obrera (USO) acusan a Ramírez y a Héctor de Armas de recurrir de forma sistemática a una serie de “ficciones” en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de 2008. De Armas sustituyó al empresario en el cargo de administrador único en 2011. Sin embargo, Ramírez con el 91,4% de las acciones de la empresa, presuntamente la seguía gestionando.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, asegura que Miguel Ángel Ramírez cometió cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social y solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa. La Fiscalía acusa a Héctor de Armas de haber cometido tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social y pide la pena total de 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa.