Dos de las entidades impulsoras de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de extranjeros ven "muy posible" un acuerdo de los grupos para sacar adelante la ley tras leer las enmiendas presentadas por los grupos.
El partido Por un Mundo Más Justo y Fundación Ciudadanía Global han valorado positivamente que todos los grupos que registraron sus enmiendas antes de que acabase el plazo ayer (PP, PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH-Bildu, PNV, BNG y Podemos) se hayan mostrado "favorables" a la regularización, aunque con diferentes condiciones.
Enmiendas presentadas
"Hemos mantenido una comunicación fluida y directa con todos los partidos, especialmente con PSOE, PP y Sumar, con los diferentes Ministerios y ahora también con Moncloa. Las posturas son muy cercanas", han señalado.
Sobre las enmiendas presentadas por PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH-Bildu, PNV, BNG y Podemos, las entidades las han valorado positivamente y ha resaltado de ellas que establecen como requisito de fecha de entrada en España hasta 31 de diciembre de 2023 o posterior.
Requisitos
El PP, por su parte, establece condiciones "similares a las nueve regularizaciones extraordinarias que se han producido anteriormente", explican, relativas a cuestiones como el tiempo de residencia mínimo, no tener antecedentes penales y tener una oferta de empleo.
Pero censuran que la fecha de entrada en España que exige, el 1 de noviembre de 2021, es igual que la del mecanismo de arraigo social, que pide un tiempo de residencia de tres años, lo que convertiría la regularización en "papel mojado".
Respecto a la enmienda de Junts, la consideran "aún más complicada", ya que, bajo su análisis, "condiciona la aprobación de la ILP a la transferencia de las competencias de migración al Gobierno de Cataluña".
Próximos pasos
Han recordado que los próximos pasos son la conformación de un Ponencia, que estudiará todas las enmiendas; después, estas se votarán en la Comisión de Migraciones del Congreso y puede que sea necesario el voto final en el pleno antes de su traslado al Senado. Estas entidades estiman que el proceso habrá terminado "antes de navidades".
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sostenido este jueves en declaraciones a los medios en el Congreso que le "preocupa" las enmiendas presentadas por PSOE y Sumar porque condiciona la regularización a ciertos criterios. Esto, en su opinión, expone a los posibles beneficiarios a un "marasmo burocrático" que es "muy peligroso" porque "vulnera derechos".
"Vamos a ver qué mayoría se puede armar para sacar adelante esa regularización que respete lo que pidieron esas 700.000 personas que firmaron la iniciativa (finalmente se validaron unas 611.000), que son a las que nos debemos", ha concluido.