Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) siguen en pie de guerra contra el Ministerio de Justicia y pretenden seguir con las huelgas en el próximo mes de abril ante la ausencia de respuesta de la cartera judicial del Gobierno de España.
Las jornadas de huelga del 9 y 10 de marzo repercutieron en la suspensión de más de 400 juicios en Canarias y el aplazamiento de más de 1.500 actuaciones judiciales, además de la suspensión del 75% de las diligencias a practicar fuera de las sedes, como lanzamientos y embargos. Aun así, tuvieron menos seguimientos que la pasada huelga del 26 de enero, la primera del LAJ.
Valoración positiva
“Nuestra valoración es bastante positiva”, reconoce respecto a las protestas el delegado en Canarias de LAJ, Carlos Sánchez Abella. “A nivel nacional, ha habido un seguimiento superior al 50%, llegando casi al 60%. A nivel de las islas, un poco inferior. Tenerife, más del 40% y Gran Canaria más del 30%, pero bueno, siendo la segunda jornada que convocamos, tras la de en enero, que tuvo un seguimiento mucho mas mayoritario, pues nuestra valoración sigue siendo mas positiva”, añade.
En este sentido, Sánchez reconoce que la asociación espera “una reacción” por parte del ministerio, para convocar el comité de huelga para negociar. “Si no, deberemos continuar con las medidas de conflicto y ya tenemos convocados tres días de huelga en abril, 5, 6 y 7. A la espera estamos de la llamada del ministerio”.
De momento, el Ministerio de Justicia no ha convocado ese esperado comité de huelga, que es su obligación legal, “pero sí que están manteniendo conversaciones con otra asociación de letrados que no secundan la huelga, llegando a determinados acuerdos en cuestiones secundarias que no son las principales reclamaciones de esta movilización”, se resigna el delegado en Canarias de LAJ.
Negociación colectiva propia
Las reivindicaciones de los Letrados de la Administración de Justicia son “dos fundamentales”. Una, conseguir una negociación colectiva propia, porque recuerdan que los colectivos fiscales tienen la prohibición constitucional de pertenecer a algún partido político o sindicatos, “así que tienen sus propias asociaciones profesionales que negocian sus condiciones laborales”.
Sin embargo, los letrados de la administración de Justicia no tienen esa prohibición y entonces “el problema” es que se integran en los cuerpos generales de la administración de Justicia: funcionarios que trabajan en los juzgados, gestores y tramitadores auxiliares… “Nuestras condiciones laborales, siendo un cuerpo directivo, no las podemos negociar las asociaciones profesionales de letrados, sino los sindicatos generalistas, que la mayor parte de los afiliados son funcionarios, porque son un número muchísimo mayor a nosotros. Entiendo que ellos defienden los intereses de sus afiliados, pero nosotros no nos sentimos representados por ellos. La reivindicación es esa, de forma que nuestras condiciones laborales las podamos negociar nosotros”, expone.
Competencias no retribuidas
La segunda reivindicación se arrastra desde el 2009 cuando comenzaron a asumir competencias que antes realizaban los jueces y que fueron realizando “con el objetivo de descargar a los jueces de trabajo, de forma que se puedan dedicar exclusivamente, como ocurre ya en la actualidad, a celebrar los juicios y dictar sentencias, que es su trabajo fundamental”.
En este sentido, indica que han ido asumiendo esas competencias con la promesa del ministerio de que, cuando la situación lo permitiese, sería justamente retribuida. “Nadie hace más trabajo por el mismo salario y así llevamos desde 2009 y estas nuevas competencias no se han retribuido”, achaca Sánchez Abella.
Antes, no era el momento
Reconoce el problema de las dos crisis económicas que ha atravesado España, entendiendo entonces que “no era el momento” y que había que esperar, pero el año pasado ya “la situación era distinta” y, sobre todo, ocurrió un hecho importante. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 introdujo una disposición adicional que contenía un mandato expreso al gobierno para que se procediera a la adecuación salarial del cuerpo de administración de Justicia conforme a las nuevas competencias asumidas.
“Entendemos que no se ha dado cumplimiento a ese mandato legal. Se firmó un acuerdo con el ministerio con los sindicatos generalistas, no con nosotros, que fijó esa subida en 196 euros mensuales, que a nosotros nos parece una cantidad ridícula y que no cubre las expectativas de una adecuación salarial conforme a las nuevas competencias asumidas”, espeta.
Apoyos del sector
El colectivo se ha visto ampliamente apoyado con la decisión tomada. “Lo único que hemos recibido es apoyo. Varias asociaciones de jueces publicaron comunicados de apoyo, así como colegios de abogados y colegios de procuradores por todo el territorio nacional”. Además, destaca Carlos Sánchez la actuación del Colegio de Abogados de La Coruña “exigiendo al ministerio que se siente a dialogar con nosotros para solucionar el conflicto”.
Letrados
Actualmente, en Canarias hay cerca de 200 letrados de la administración y unos 4.200 en todo el país. Explica Sánchez que en el Archipiélago “hay bastantes vacantes y entonces se está pendiente de la sustitución. Hay letrados que están llevando dos juzgados. En la planta judicial seríamos unos 220 letrados, pero efectivos no llega a 200”, especifica.
Mientras que en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna o Arona, la plantilla esta mayormente cubierta por titulares, en los partidos más pequeños como Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz, La Orotava o Güímar, hay un gran índice de interinidad, porque no hay muchos titulares. “El seguimiento de la huelga se complica, porque una persona interina, que realmente no pertenece a la carrera y no es letrado de la administración de justicia, sino que esta cubriendo una vacante temporal, pues lógicamente no le interesa hacer huelga”, se resigna Carlos Sánchez.
Esa situación puede cambiar ahora “gracias a que a raíz de la huelga de enero” se convocaron oposiciones, que hacía tres años que no se convocaban, y se convocaron 310 plaza de letrados de la administración de Justicia, que “es una muy buena oportunidad” para la gente que esté opositando. “Esperemos que con esta convocatoria se supla el nivel de interinidad. Entonces, entre los titulares ha tenido un seguimiento bastante importante durante las jornadas de huelga”.
Disculpas al ciudadano
Por último, el delegado en Canarias de LAJ quiso pedir disculpas a los ciudadanos y a los usuarios del servicio público de justicia. “Nosotros lo último que queremos es perjudicar a los ciudadanos. Somos servidores públicos y trabajamos para ello, pero la verdad es que no nos quedaba más remedio que tomar esta decisión, porque son ya demasiados años con nuestras reivindicaciones”, finaliza.