Los números no engañan y la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se desarrolla desde el pasado martes y que tiene carácter indefinido, está afectado al desarrollo de la justicia. Los juicios suspendidos en la provincia de Las Palmas durante los días 24, 25, 26 y 27 de enero han sido 447. Se han supendido también 371 diligencias.
De los diez juzgados de la provincia consultados, han entrado 1.035 escritos ,190 demandas, 182 ingresos, y 192 mandamientos sise han quedado sin expedir. Además, no se han entregado 324.713,23 euros que permanecen consignados.
Treinta mil vistas suspendidas
En el conjunto del territorio nacional, la participación ronda el 80%. Más de 30.000 vistas de juicio, comparecencias y actos de conciliación suspendidas. Aproximadamente hay unos ciento diez millones de euros inmovilizados en las cuentas de depósito de consignación. Los expedientes judiciales paralizados pueden llegar a los once millones, lo que causará una demora de un mínimo de tres meses en cada uno de ellos.
“Lamentablemente, la realidad es que la Administración de Justicia en España está parada, y que la Ministra de Justicia, Pilar Llop, está casualmente en un viaje por el exterior, renunciando a mantener cualquier contacto con el Comité de Huelga y, por tanto, revelando su verdad: la nula intención de resolver el conflicto ante el perjuicio que se causa al servicio público, a los ciudadanos y al resto de operadores jurídicos”, explican los convocantes en un comunicado.
Piden el cese del secretario de Estado
El Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), asociaciones mayoritarias en el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, que han convocado esta huelga, han exigido esta semana el cese del secretario de Estado de Justicia.
“Nos falta seriamente al respeto y nos insulta diciendo que estamos ante una huelga política y sin finalidad profesional alguna, denunciando que quiere perjudicar a los ciudadanos; que es una huelga contra el pueblo; que esto los golpistas lo llaman incumplir, para luego recalcar que ha habido falta de reuniones es una desvergüenza o un descaro”, aseguran.
Aumento de competencias
El conflicto entre los letrados, de los que hay unos 220 en Canarias y el Gobierno de España, tiene su origen en la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, incrementadas en sucesivas reformas, en especial la de 2015, lo que, denuncian, ha provocado un insoportable desequilibrio.
Los convocantes señalan como detonante de la huelga, el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales. “El incumplimiento por parte del Ministerio con lo acordado en abril de 2022, que es reducir los 5 grupos de población de los letrados de la Administración de Justicia que regula el real decreto 2033/09 a los 3 grupos de población, que se aplica a los Médicos Forenses y por tanto aplicarnos su complemento general de puesto, ya que ambos estamos en el grupo I.
Así se beneficiaría más a los que acaban de entrar", expuso a Atlántico Hoy la letrada canaria Isabel Morales.