El Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), asociaciones mayoritarias en el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, han convocado huelga indefinida para el próximo martes 24 de enero. Más de 200 letrados que desempeñan sus funciones en las dos provincias de Canarias podrían unirse a ese paro que afectaría seriamente al desarrollo del poder judicial en las islas.
Desde las asociaciones convocantes se ha insistido en que se trata de una huelga evitable “si el Ministerio de Justicia no se hubiera negado a poner solución a la dilación injustificada en la tramitación de la reforma de los decretos de retribución de los letrados de justicia" entre asuntos, recoge un comunicado de las asociaciones convocantes. Será "una huelga indefinida que paralizará los juzgados y tribunales del país y que es consecuencia del quebrantamiento reiterado, por parte del Ministerio de Justicia, de los acuerdos comprometidos, desde abril de 2022, con las asociaciones de LAJs".
Cientos de juicios en riesgo
“Lo normal es que el Ministerio de Justicia se hubiera puesto en contacto con el comité de huelga y no lo ha hecho. No pedíamos nada que ya no esté acordado, solo queríamos que se llevara a la práctica”, explica la delegada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia de Las Palmas. “Desde octubre no sabemos nada del ministerio”, puntualiza.
Esta tensión entre administración y letrados lleva meses en marcha, pero el 30 de noviembre aumentó tras las declaraciones del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en las que afirmaba que no veía sentido a las protestas porque su equipo ya había cumplido diez de las once propuestas de acuerdo.
Los letrados tacharon de falsedades esas declaraciones de Rodríguez y continúan haciéndolo. Lo cierto es que todas las diferencias y desavenencias entre ministerio y letrados ponen en riesgo centenares de juicios y amenazan seriamente con paralizar la justicia en Canarias y en todo el territorio nacional.