La polémica en torno al Hotel Riu Palace Tres Islas ubicado en las Dunas de Corralejo no ha acabado. Las discrepancias entre el Gobierno de Canarias y el Estado por su futuro siguen existiendo después de que el presidente regional, Ángel Víctor Torres, se comprometiera con que el edificio iba a seguir en pie. Todo surgió cuando el Ejecutivo nacional apostó por su demolición 15 años después de que se abriera un expediente para investigar posibles irregularidades en unas obras. Según se interpreta en sus argumentos, la Constitución respalda su postura.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico planteó declarar la caducidad de la concesión que se le dio al Riu Palace Tres Islas y no fue una noticia bien recibida en Canarias. El foco para comprender la raíz del problema es que se trata de un espacio de dominio público marítimo-terrestre y las competencias en costas que tiene el Archipiélago desde el pasado 1 de enero.
Un régimen especial
El Gobierno autonómico defiende que la última palabra la debe tener él por las competencias que le fueron transferidas hace unos meses, pero el Estado matiza que esas concesiones tienen un régimen especial vinculado al dominio público.
En una respuesta parlamentaria del Ejecutivo central a la diputada canaria del Grupo Mixto en el Congreso, María Fernández, reconoce que el Estatuto de Autonomía de Canarias adoptó el traspaso en materia de ordenación y gestión del litoral. Pero explica que “no afecta en modo alguno a la propia titularidad estatal del dominio público marítimo-terrestre por disponerlo así la propia Constitución Española”.
Otras competencias
El artículo 132.1. de la Carta Magna, al que hace referencia el Gobierno español, recoge que “son bienes de dominio público estatal las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.
Entre las competencias de las que ya disponía el Archipiélago en costas, expone el texto, están “el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes”.
¿Qué opina el Ministerio?
Ante las palabras de Torres sobre defender la permanencia del complejo hotelero, Fernández preguntó al Ministerio del área su opinión. La única contestación por parte de la cartera que ostenta Teresa Ribera fue que ellos gestionan los expedientes de acuerdo con la legislación aplicable.
“Lo único que se puede garantizar es que el expediente sobre el que versa la pregunta se está tramitando de acuerdo con todas las garantías legales que prevén la Ley y el Reglamento de Costas”, añade el documento firmado el pasado 3 de mayo.
¿Hasta el Tribunal Constitucional?
Cuenta también el Ministerio que las competencias ejecutivas que ha asumido Canarias en relación a la gestión del dominio público marítimo-terrestre “están limitadas por el propio alcance de las funciones asumidas, y en todo caso, por el propio régimen jurídico fijado en la legislación estatal”.
El pasado mes de abril se reunió el Consejo de Estado y paralizó el derribo al devolver el expediente al Gobierno central de caducidad de la concesión con el que debía emitir su dictamen. Ahora los gobiernos canario y español tendrán que llegar a un acuerdo. Torres ha recalcado que si en esa negociación no se llega a un acuerdo satisfactorio para el Archiìélago, el Gobierno de la comunidad autónoma recurrirá al Tribunal Constitucional, como prevé la ley en estos casos, para que se diriman definitivamente las competencias.
Riu Hotels en Corralejo
Riu Hotels explota dos hoteles sobre el parque natural de las Dunas de Corralejo y ambos tienen expedientes abiertos para estudiar la caducidad de su concesión por posibles incumplimientos urbanísticos. Aunque en este espacio no está permitida la construcción, la cadena balear consiguió llegar a un acuerdo con el Estado para mantener la explotación de las parcelas —de las que se venía aprovechando desde la década de los 70 — bajo unos condicionantes.
Sin embargo, y según Costas, Riu Hotels habría aumentado de forma ilegal su construcción en más de 1.031 kilómetros cuadrados sobre un espacio de dominio público. Mientras que el aumento de las actuaciones no autorizadas alcanzaría un volumen de 2.996,2 metros cúbicos.