Un hombre de nacionalidad española será juzgado el próximo miércoles en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas como presunto autor de un delito de estafa. L.M.D.V. era el administrador de la sociedad mercantil DH S.L. cuando en noviembre de 2021 y según el escrito del Ministerio Fiscal, intentó vender un apartamento en el sur de Gran Canaria que no era de su propiedad.
De hecho, no disponía de ningún poder de representación otorgado por el propietario de un apartamento del complejo Teneguía, que está ubicado en la Avenida de Tirajana, en el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana. En concreto, el 11 de noviembre de 2021 celebró un contrato de arras para la compraventa del referido inmueble con la víctima.
Pagos
El precio total de venta alcanzaba los 139.000 euros y el presunto estafador y su víctima acordaron la entrega de 13.900 euros en un plazo de dos días desde la firma del contrato de arras. La entrega del resto del importe se haría en el momento del otorgamiento de la escritura pública.
La víctima, en cumplimiento del referido contrato de arras ingresó, mediante una transferencia bancaria en la cuenta titularidad de DH S.L., la cantidad acordada y posteriormente, abonó a L.M.D.V., 39.000 euros, en concepto de adelanto del precio de compraventa del referido apartamento y 9.000 euros, en concepto de impuestos.
Cuatro años
Según el escrito de acusación, L.M.D.V., “con ánimo de enriquecimiento injusto, incorporó definitivamente a su patrimonio todas la cantidades expresadas, sin que se formalizase la venta del bien inmueble y sin que la víctima recuperase, pese a sus múltiples intentos, las cantidades de dinero entregadas, quien reclama por cuantas acciones penales y civiles pudiesen corresponderle por estos hechos”, subraya.
La Fiscalía estima que procede imponer al acusado la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena así como pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de diez euros.
“El acusado, como responsable civil, indemnizará a la víctima, en la cantidad de 61.900 euros, por las cantidades defraudadas, con aplicación a tal cantidad del interés legal previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, concluye la Fiscalía.