Alberto Puebla Contreras, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, ha desestimado las acusaciones por presunto acoso formuladas por Elisa Hernández Cruz —directora del Centro de Menores Tagoror— e hija de Rafael Hernández, —presidente de los agricultores y ganaderos canarios (COAG)— contra Juan Carlos García, una de las personas que denunció a su padre. En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado apunta que los incidentes descritos por acusación "carecían de relevancia penal".
Hernández Cruz acusó a García de visitar en repetidas ocasiones uno de los centros gestionados por ella para, según su versión, supiestamente vigilar y contactar con varios menores en tres fechas diferentes —20, 24 y 27 de marzo de este año—.El juez Puebla, en ese sentido, señala que "estar cerca del centro, observar a los menores o seguirlos a una cierta distancia no constituye una conducta coactiva ni de hostigamiento".
Presión
El denunciado, según consta en el documento, "negó los hechos que se le imputaban y atribuyó la denuncia que se había formulado contra él, a una estrategia defensiva por parte de D. Rafael Hernández, quien, a su vez, había sido denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía de Las Palmas" por lo que "la denuncia objeto de estas diligencias se encuadra, de acuerdo con la tesis del investigado, en el intento de presionar al denunciado en relación con otro procedimiento".
José Antonio Penichet, abogado del denunciado, trasladó a este periódico que valoran la posibilidad de iniciar alguna acción contra Rafael Hernández y su hija "en caso de sobreseimiento libre de su cliente".