Tras todo el revuelo a raíz de ser acusado por explotación laboral de menores migrantes en una finca, Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas en Canarias, se ha acogido a su derecho a no declarar al ser citado por la Fiscalía este lunes.
Su hija también ha comparecido como denunciada ante la Fiscalía de Extranjería y, al igual que su padre, ha preferido no declarar. Ella era la directora del centro de menores Tagoror, donde estaban acogidos los menores migrantes que supuestamente fueron objeto de explotación laboral. Este centro pertenece a la ONG Oportunidad de Vida, que preside Rafael Hernández.
Expediente sancionador suspendido
La Fiscalía también citó este lunes a dos testigos de los hechos que se investigan. Se trata de un extrabajador de la ONG, Juan Carlos G., y su esposa, ingeniera agrónoma, que trabajó como docente para cursos que ofrecía la COAG. Fueron los primeros en declarar.
El testigo ha indicado a los periodistas, antes de comparecer ante la Fiscalía, que ha sido objeto de "un hostigamiento judicial fuerte y duro" a raíz de estos hechos objeto de investigación a causa de varias denuncias, la primera la de un vecino de la finca de Hernández que alertó de que había menores trabajando.
Como consecuencia de esa denuncia, la Policía de Extranjería e Inspección de Trabajo se personaron el pasado 20 de junio de 2023 en la finca del presidente de la COAG, donde hallaron a diez menores trabajando, lo que ha concluido en un expediente sancionador que se ha suspendido cautelarmente con motivo de la investigación penal contra Hernández, pero que acredita los hechos, según ha indicado el citado testigo.
Documentación y grabaciones
Juan Carlos G.S. ha señalado que hay documentación y grabaciones de conversaciones con Hernández y el secretario ejecutivo de la COAG, que comparecerá ante la Fiscalía el próximo miércoles, en las que ambos reconocen los hechos que se investigan. Por su parte, Hernández ha declinado hacer declaraciones a los periodistas y ha señalado que se pronunciará una vez se aclare el asunto.
El próximo miércoles 22 de mayo, la Fiscalía de Extranjería también ha citado a declarar al yerno del presidente de la COAG, al ser responsable de la finca donde trabajaban los menores.
Denuncias falsas hacia los testigos
Juan Carlos G.S. ha manifestado a la prensa que tanto él como su esposa son "testigos secundarios que no están dispuestos a tapar algunas cosas" y que están a disposición de la Fiscalía. A raíz de que se ha sabido su condición de testigos, relata, ha comenzado el "hostigamiento judicial" del que son objeto, una estrategia que "no les va a funcionar porque vamos a seguir colaborando desde el primer minuto hasta el final".
Ha afirmado, asimismo, que ha sido objeto de denuncias falsas, con testigos falsos, por parte de los principales investigados, que "parece que no quieren asumir responsabilidades". De momento son seis las denuncias que le han presentado, tres de ellas por parte de Rafael Hernández y su hija, ha comentado a los periodistas y ya se han desmontado algunas de esas denuncias con "testigos de peso", por lo que ha advertido de que tendrá consecuencias para sus autores.
Diez menores trabajaban en la finca
La prueba más contundente de que dispone la Fiscalía "es que Inspección de Trabajo y la Policía constata que los diez menores trabajaban en la finca, y a partir de ahí diseñan (en alusión a los investigados) una estrategia para salir airosos", ha añadido.
Según este testigo, contra el presidente de la COAG y Oportunidades de Vida se ha presentado otra denuncia por ofrecer cursos gratuitos en su organización y después cobrar a los participantes.