La denuncia contra Rafael Hernández, presidente de la COAG en el Archipiélago —organización que representa a los agricultores y ganaderos de las Islas—, por presuntamente explotar a menores migrantes en sus fincas privadas tanto de Tafira como de La Aldea de San Nicolás, ha sido ampliada. Juan Carlos García, quien interpuso la demanda el pasado mes de marzo, acudió este lunes a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para presentar más pruebas que ha recabado en los últimos días. Además, presentó una segunda denuncia ante la Inspección de Trabajo.
García, que presentó la ampliación de denuncia en el Decanato, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que este fin de semana ha llegado documentación a sus manos. Se trata de documentación donde queda reflejado que la presunta explotación “ha sido una dinámica constante sistemática y repetida a lo largo del tiempo durante varios meses”. Son anotaciones registradas en un cuaderno a lo largo de varios meses donde se pueden leer frases muy claras: “Llegan del trabajo” o “salieron a la finca”.
Desalojo
Los chicos que supuestamente trabajaron en las fincas estaban alojados en el centro Tagoro, ubicado en el barrio de El Fondillo y dirigido por la hija de Hernández. A día de hoy están reubicados en otras instalaciones después de que el juez diera orden el pasado mes de agosto de desalojarlos, como adelantó Atlántico Hoy, por la causa que todavía permanece bajo secreto de sumario.
El denunciante detalla que los documentos están firmados por hasta 12 trabajadores tanto de los turnos de mañana como de tarde. “Entonces ya son pruebas más objetivas que relatan y recogen cómo los menores desde las 6:40 de la mañana salían a trabajar a las fincas, cómo los transportaban, cómo llegaban, etc”, afirma. “Estábamos dispuestos a llegar hasta el final y eso es lo que vamos a hacer, ahora el juez será el que se tenga que encargar de ver la veracidad y la autenticidad de la información”, añade.
Pagos
Apunta que lo llamativo es que después de la presencia de la Inspección de Trabajo y de la Policía siguieron, presuntamente, llevando a los menores a las fincas. “Consta en los documentos los nombres de todos los menores que salían, incluso cuando se les rompía el camión”, agrega.
García tiene claro que la justicia podrá dar con los menores, que ahora están cuantificados en al menos 17 más, para que puedan narrar su versión de los hechos. Al parecer, recibían un pago de 20 o 25 euros por las labores realizadas.
"Todos lo sabían"
“Lo que me parece también un poco preocupante es que estos documentos vienen firmados hasta por 12 trabajadores. Como yo informé a la Fiscalía en su momento y a la Inspección de Trabajo, todos en el centro de menores sabían lo que estaba pasando, que se estaba explotando a los menores y nadie hizo nada. Algunos me han dicho que tienen mucho miedo”, cuenta el denunciante.
No descarta que aumente el número de investigados después de la ampliación de denuncia presentada. García pone sobre la mesa que, presuntamente, tras la inspección de trabajo, se dio orden de cambiar el cuaderno de incidencias. “Este es el cuaderno original [el que presentó en los juzgados] donde está toda la información y las incidencias del día”, sentencia.