Los menores migrantes que vivían en el antiguo colegio Camilo José Cela (El Fondillo, Las Palmas de Gran Canaria) fueron desalojados el pasado 12 de agosto por agentes de la Policía Autonómica tras una orden judicial. Las instalaciones están regentadas por la asociación Oportunidades de Vida, una ONG que dirige Rafael Hernández, el presidente de la COAG en las Islas. El magistrado decidió que debían irse de allí por la causa que tiene abierta el representante de los agricultores y ganaderos del Archipiélago tras, presuntamente, emplear a varios de los chicos en sus fincas privadas. Ahora, la entidad ha informado a una trabajadora que no puede pagar las nóminas del mes de septiembre a las casi 90 personas que conforman la plantilla porque los tribunales le han embargado las cuentas.
En una respuesta formal a la empleada este miércoles a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, Oportunidades de Vida le explica que, en cuanto al abono de su salario, le es imposible ingresárselo: “A día de hoy, y por haberse paralizado judicialmente la actividad y los recursos económicos de esta asociación, no se dispone de numerario para hacer dicho abono”. El mensaje es tajante ante una realidad que deja a los trabajadores en una incertidumbre, la misma que existe en torno al proceso judicial que está en curso.
Un ERTE
“Por lo que usted”, prosigue la ONG, “al igual que el resto de sus compañeros, no percibirán el importe de la nómina de este mes hasta que se produzca el desbloqueo de estos recursos”. Añade que la trabajadora en cuestión tiene una realidad distinta —este periódico ha podido saber que está de baja— a los demás empleados. “Usted siempre tiene la posibilidad de solicitar el pago directo de su prestación del sujeto responsable del mismo, que no es esta entidad”, expone.
Hernández, como publicó este medio el pasado sábado, pidió a la Autoridad Laboral —en Canarias es la Dirección General de Trabajo— un ERTE para Oportunidades de Vida. La información fue confirmada por fuentes de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno autonómico, aunque no tenían constancia de si se había resuelto. “Todavía está en trámite”, apuntaron. La trabajadora que se dirigió a la asociación para preguntar por su salario, se interesó también por esta situación tras haberse enterado por la prensa y la entidad le contestó que ya se ha iniciado.
"Con todos los detalles"
“Decir que agradecemos la ilustración realizada por usted acerca de la forma de tramitación de los expedientes de regulación de empleo, pero son superfluas porque las conocemos perfectamente y las estamos aplicando, en este sentido, decir que se ha iniciado ERTE que ha sido debidamente comunicado a la representación de los trabajadores, que es lo que nos exige la norma legal que usted mismo cita en su escrito, entendemos que debe trasladar sus preocupaciones y manifestaciones a sus legales representantes laborales”, sentenció Oportunidades de Vida.
Una empleada presentó este miércoles una denuncia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria —a la que también ha tenido acceso este medio— para pedir que se obligue a la empresa a entregarle “con todos los detalles” la información relativa al ERTE que está tramitando.
Periodo de consultas
“La Autoridad Laboral debe velar por la efectividad del periodo de consultas, ese del que a mí se me ha privado, y puede realizar funciones de asistencia a petición de cualquiera de las partes o por propia iniciativa”, recoge el documento.
En la denuncia refleja que mientras ella se encuentre de baja médica no le afecta ninguna de las medidas que la empresa quiera u obtenga autorización para implementar. “Lo cual no obsta a que me tendrían que haber informado fehacientemente de todo el proceso”, subraya en el texto. Además, indica que no le consta que la asociación haya presentado o esté incursa en concurso de acreedores.
El desalojo
El desalojo de las instalaciones ocurrió a raíz de la causa que tiene abierta el representante de los agricultores y ganaderos de las Islas por, presuntamente, emplear a menores migrantes en sus fincas privadas. Para conocer el principio de la historia hay que remontarse al pasado mes de marzo, cuando fue señalado por, supuestamente, hacer que chicos del centro Tagoror, dirigido por su hija, trabajaran en sus terrenos particulares de Tafira y La Aldea de San Nicolás.
A principios del pasado mes de julio, la Fiscalía de Extranjería se querelló contra él por presuntos delitos de trata de personas en concurso con explotación laboral de menores migrantes y falsedad documental. En mayo fue citado a declarar a petición de la Fiscalía, pero decidió acogerse a su derecho de no declarar.