Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Las Palmas han conseguido un nuevo éxito en la defensa de los derechos de sus afiliados. Los guardias han conseguido la desestimación de dos recursos presentados por un agente, que solicitó destino al Puesto Principal de Puerto Rico – Mogán (Gran Canaria) y la Dirección General de la Guardia Civil no le adjudicó la vacante que solicitó en las dos convocatorias de destinos del año 2021.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) señala en los Fundamentos de Derecho de su sentencia que en “la resolución nº 2130003, de 19 de abril, se convocó un concurso de provisión de vacantes, para guardias civiles en servicio activo. En dicho concurso se publicaban una serie de vacantes, entre las que no figuraba ninguna en el puesto de Puerto Rico Mogán, de la Comandancia de la Palmas; pero, la citada resolución indicaba que se podrán solicitar las vacantes que quedaran libres como consecuencia de los movimientos de aquellos que obtuvieran plaza en virtud de dicho concurso de traslado.”
Cambiaron los destinos de tres guardias
El Agente solicitó todas las vacantes que, hipotéticamente, pudieran resultar en el referido Puesto de Puerto Rico, Mogán. De hecho, cuatro guardias civiles, que estaban destinados en Puerto Rico, Mogán, cambiaron de destino, pero la Administración sólo adjudicó tres vacantes, dejando una sin cubrir, en aplicación del artículo 13.2 del RD 470/2019, por considerarla “bloqueada”.
Lo mismo ocurrió con el concurso nº 21300010 de 29 de octubre de 2021, en el que no se ofertaron vacantes en el Puesto de Puerto Rico, Mogán, pero cambiaron de destino tres guardias civiles y la Administración adjudicó sólo dos, dejando nuevamente sin adjudicar una de ellas.
Condenan en costas a la Guardia Civil
“De nuevo ha tenido que ser un órgano judicial, ajeno pues a la estructura de la Dirección General de la Guardia Civil, quien reconozca la vulneración de los derechos de un guardia civil, anulando esos actos administrativos «por no estar ajustados a Derecho" y condenando en Costas a la Guardia Civil, unas costas que serán sufragadas por todos los contribuyentes”, afirman desde la AUGC.
“Por último, señalar que la ex directora general de la Guardia Civil, D.ª María Gámez, apuesta personal del señor Fernando Grande-Marlaska, fue quien firmó las dos resoluciones declaradas contrarias a Derecho, incrementando con su actuación el número de sentencias judiciales que ponen en tela de juicio el respeto a la legalidad del ministro del Interior”, concluye el comunicado de la AUGC al que ha tenido acceso Atlántico Hoy.