La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Las Palmas, en el marco de la operación conjunta Fortuna, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de residuos peligrosos a países africanos desde la isla Gran Canaria. Dentro de la organización criminal se encontraban empresas de residuos y servicios técnicos que certificaban la mercancía.
Durante el mes de noviembre y principios de diciembre se investigó a 43 integrantes de una organización criminal, por presuntos delitos contra el medio ambiente y falsificación documental y pertenencia a organización criminal, que en el los dos últimos años habían logrado trasladar desde la isla de Gran Canaria a África más de 5.000 toneladas de residuos peligrosos de aparatos eléctricos, obteniendo beneficios económicos que superan los 1,5 millones de euros.
En el inicio de la investigación se detectaron cinco instalaciones clandestinas dedicadas a la gestión ilícita de residuos a lo largo de la isla de Gran Canaria, en las cuales se recogían, almacenaban, manipulaban y se cargaban residuos peligrosos de aparatos eléctricos para ser trasladados a países africanos, principalmente Mauritania, Nigeria, Ghana y Senegal, desde el puerto de La Luz de la capital grancanaria.
Los investigadores realizaron inspecciones y registros que llevaron a intervenir e inmovilizar en origen más de 300 toneladas de estos residuos y 14 contenedores que se encontraban dispuestos para el traslado. Además, la organización criminal sustraía los residuos del cauce legal de gestión, para lo que contaban con una supuesta empresa gestora que falsificaba documentos de la procedencia y de la gestión. Estos residuos, que están catalogados como peligrosos, al final de su vida útil tienen que ser entregados a un gestor autorizado para su correcta descontaminación, ya que cuentan con componentes que contienen mercurio, plomo, cadmio, arsénico, fósforo y gases que agotan la capa de ozono y afectan al calentamiento global.
En las instalaciones clandestinas clausuradas se vendían a los responsables de los traslados, los residuos que posteriormente serían llevados a países africanos haciéndolos pasar por artículos de segunda mano. En el curso de la investigación se detectó que el envío de manera ilícita de 331 contenedores en los últimos dos años al continente africano fue gestionado y organizado por las mismas personas que proporcionaban la documentación falsa necesaria para hacer pasar los residuos por artículos que habían sido sometidos a un proceso de descontaminación y reutilización.
De igual forma, se falsificaba la procedencia de los residuos, omitiendo que salían de las instalaciones clandestinas, para lo cual se falseaban los documentos de identificación de los residuos (DI), en los que se atribuía la procedencia a servicios técnicos y plantas de reciclaje.