Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias, saltó a los medios de comunicación tras ser acusado de haber empleado a migrantes menores en sus fincas de forma presuntamente ilegal, un caso del que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha pedido información a la Fiscalía.
Se trata de menores alojados en el centro Tagoror de Gran Canaria, dirigido por la hija de Hernández, bajo la tutela del Gobierno de Canarias, a los que presuntamente llevaba a trabajar a sus tierras, lo que fue denunciado de forma anónima ante la Inspección. El expediente se abrió tras una inspección que tuvo lugar el pasado 20 de junio en una finca propiedad de Hernández.
Medidas por parte del Gobierno
La consejera ha señalado que ha tenido conocimiento de esta situación a través de la noticia que ha salido publicada esta mañana por Canarias 7 - medio que adelantó la información -, al tiempo que ha indicado que el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, ha estado en contacto tanto con la Fiscalía como con la propia entidad.
Delgado ha afirmado que la Fiscalía no les ha comentado nada en relación con este hecho ni le ha pedido al Gobierno de Canarias que tome medidas cautelares ni ningún tipo de acción con este centro, por lo que están a la espera de información detallada para saber si hay que proceder de alguna forma, como el posible cierre del centro.
Menores bajo la tutela del Gobierno
"Estamos pidiendo esa información a la Fiscalía para que nos informe de que ha pasado, si es que ha pasado algo y como están esas actuaciones", ha manifestado la consejera, quien ha dicho que no dispone de información al respecto, a pesar de que en los últimos meses han visitado el centro los fiscales para ver cómo se atienden a los menores.
Ha insistido en la necesidad de disponer de un informe porque el Gobierno de Canarias es el tutor legal de los niños y tiene que tener conocimiento de la situación.