12 menores migrantes sin sus padres la madrugada del martes. Otros 45 el lunes. Casi medio centenar durante el pasado fin de semana. El goteo, con la llegada de las calmas al Atlántico, ha sido constante. Pero Canarias, más allá de la situación de emergencia migratoria que afronta ahora, durante los últimos tres años ha recibido a casi cuatro mil niños y adolescentes que han arribado solos a sus costas procedentes de África a los que, por ley, debe tutelar hasta su mayoría de edad. En ese contexto, y ante la previsión de más llegadas en las próximas semanas, el Gobierno autonómico —a través de la viceconsejería de Bienestar Social— ha decidido preparar y adaptar las Casas del Mar ubicadas en las Islas para reforzar su acogida.
Aunque son centros dependientes del Instituto Social de la Marina, las funciones de las Casas del Mar fueron transferidas en enero de 1999 a Canarias —con Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas—. Desde su fundación se emplean como club social para los profesionales del gremio y la mayoría están dotadas de hospederías para marinos en tierra en periodos de corta duración y a precios económicos —por debajo del precio de mercado turístico—. En el Archipiélago hay diez centros repartidos en ambas provincias.
Siete islas
En Las Palmas funcionan cuatro Casas del Mar. La ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, en el número 322 de la calle León y Castillo —por la zona del Parque Santa Catalina—, ya fue empleada —una planta del edificio— por el anterior Ejecutivo regional en la pasada legislatura para acoger menores migrantes. Las otras tres se localizan en Arguineguín (Mogán-Gran Canaria), Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Puerto Naos (Arrecife-Lanzarote).
El resto de centros, seis, se encuentran en la provincia oriental: Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de La Palma, Icod de los Vinos (Tenerife), Los Cristianos (Tenerife) y La Restinga (El Hierro). De momento, el Gobierno autonómico ya ha inspeccionado las casas de la provincia oriental y los planes de la administración regional, de momento, no pasan por ocupar todas las hospederías.
Por ley
De acuerdo con la legislación nacional, un menor migrante no acompañado tiene derecho a la protección del Estado en las mismas condiciones que los menores nacidos en España, con independencia del lugar de su nacimiento, y por tanto las administraciones públicas de las comunidades a las que llegan tienen obligación de velar por su bienestar.
Canarias, que tiene en estos momentos bajo su tutela a unos 3.800 menores extranjeros, reclama una reforma legal que fije un reparto obligatorio entre todas las comunidades. De momento, tras un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas, sólo 396 niños y adolescentes que se encuentran en las Islas y Ceuta serán trasladados a otras regiones.
Reparto
En base a ese pacto, Andalucía recibirá 36 menores, Madrid 34 y Cataluña 33. Asturias acogerá 32; Galicia, 28; Cantabria, 26; Extremadura, 25; Comunidad Valenciana, 25; Aragón, 24; Castilla y León, 23; Castilla-La Mancha, 20; Murcia, 19; Navarra, 17; País Vasco, 17; Baleares, 10; y La Rioja 4.