El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Infancia, se personará como acusación particular en las diligencias abiertas ante la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI por una supuesta malversación de fondos públicos destinados a la atención de menores migrantes.
Así lo han estimado los servicios jurídicos del Ejecutivo canario para despejar las dudas que puedan persistir "sobre el paradero del dinero público entregado a la entidad Siglo XXI", según han informado a EFE este jueves fuentes de la Consejería de Derechos Sociales.
Indicios
Esta investigación, desarrollada por el fiscal Anticorrupción de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, ha detectado indicios de que esta ONG, una de las contratadas por el Gobierno canario para atender a los menores inmigrantes no acompañados llegados en patera a las islas, malversó dinero público en beneficio de cuatro de sus directivos, cuya gestión examina ahora el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, según ha publicado en los últimos días el periódico Canarias 7.
En la actuación de estas cuatro personas, la Fiscalía aprecia indicios de supuestos delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de fondos públicos y critica a la Consejería de Derechos Sociales de la comunidad autónoma por su "falta de seguimiento y control" de los contratos que adjudicó a esa fundación por la vía de emergencia entre los años 2020, 2021 y 2022.
Movimientos bancarios
Anticorrupción explica en su querella que ha examinado los movimientos bancarios de tres centros de acogida de menores inmigrantes de Gran Canaria y dos de Lanzarote, así como las cuentas de sus directores, y ha detectado varias irregularidades.
Entre ellas, ha descubierto indicios de que se han desviado importantes cantidades de dinero público para "fines particulares".
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibía 95 euros diarios por cada menor llegado en patera que acogía en sus centros, por lo que se estima que llegó a administrar en cuatro años 12,50 millones de euros solo en los centros de Gran Canaria.
Justificación de gastos
La Fiscalía también ha detectado, siempre según el periódico, que cuando los bancos pusieron objeciones a los movimientos que hacían en sus cuentas, los investigados comenzaron a justificar determinados gastos con facturas ajenas a la actividad de los centros y a los menores, como tratamientos médicos y comidas en restaurantes.
En la querella, el Ministerio Público defiende que "existen indicios de una falta de seguimiento y control en los contratos tramitados de emergencia", que se "evidencian en la ausencia de medidas y consecuencias de penalidades cuando su incumplimiento por la fundación se hace aparente".
Los centros objeto de esta investigación son los de Portobello, en Puerto Rico (Gran Canaria); Guiniguada y Alcorán, en Las Palmas de Gran Canaria; y Yaiza y La Santa, en Lanzarote.
Colaboración de la ONG
Preguntada por EFE sobre estas acusaciones, la Dirección General de Infancia y Familia del Ejecutivo canario en funciones ha asegurado que "ha colaborado totalmente con la Fiscalía y así seguirá siendo, facilitándole toda la documentación que solicite, como se ha venido haciendo desde que se tuvo constancia de la investigación".
Este departamento garantiza "que se hicieron todos los controles e inspecciones necesarias por parte de los técnicos, tanto del servicio de Inspección como de la propia Dirección General, para comprobar que se prestaba el servicio de forma correcta y nunca se encontraron irregularidades".
"La excepcional medida de los contratos de emergencia es la única fórmula que se pudo articular para la atención de los menores no acompañados que llegaron al archipiélago en ese periodo. Canarias solo contaba con 500 plazas para la acogida y tutela de esos menores y durante el periodo de mayor actividad de llegadas se alcanzó la cifra de 3.000 menores bajo la responsabilidad del Ejecutivo", han recalcado las fuentes consultadas por EFE.
Comunicado de la ONG
En opinión de Infancia y Familia, "es la entidad Siglo XXI la que debe dar respuesta de las graves acusaciones que pesan sobre ella".
Y eso ha hecho esta ONG en un comunicado en el que ha subrayado que "ha sido parte activa y colaboradora/cooperante en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, unas diligencias incoadas el 24 de enero de 2022.
Siglo XXI asegura que ha respondido a los requerimientos y oficios remitidos y ha aportado, en enero de este año, "justificación y soporte documental de todos y cada uno de los gastos que han sido satisfechos con las transferencias que eran realizadas a los directores de los centros de menores", unos documentos digitalizados en 24.709 páginas.
Directores de los centros
La entidad también afirma que los directores de esos centros no han sido llamados por la Fiscalía y dice que el Ministerio Público ha concluido "que no consta soporte documental que justifique que el importe de 41.760,90 euros -y no 12,5 millones- ha sido destinado al servicio", esto es, a hacer frente a los gastos de caja de los cinco centros de menores investigados entre 2019 y 2022.
Fundación Respuesta Social Siglo XXI, cuya plantilla en Canarias asciende a 134 personas, concluye que "no están acreditados los hechos objeto de la querella" como demuestra, a su juicio, que la Fiscalía haya pedido al Juzgado que practique diligencias "indispensables para concluir la fase instructora", por lo que pide "máximo respeto por el procedimiento judicial en curso y por la presunción de inocencia de las personas afectadas" por estas actuaciones.