La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la suspensión inmediata del protocolo implementado por el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, para la acogida de menores migrantes llegados en patera. Según el Ministerio Público, este protocolo perjudica gravemente a los niños en "situación de desamparo patente", violando tanto la Constitución española como la Convención de los Derechos del Niño.
Protocolo impugnado por la Fiscalía
El protocolo establece que la primera atención a los menores corresponde al Estado, exigiendo para acogerlos en los centros de la comunidad autónoma que la Policía los entregue correctamente identificados, tras haberlos entrevistado para evaluar si son candidatos a solicitar refugio, y con expedientes individualizados.
Este sistema, según la Fiscalía, vulnera la normativa vigente y los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad extrema.
Recurso ante el TSJC
La Fiscalía Superior de Canarias, encabezada por María Farnés Martínez, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. Solicita la suspensión del protocolo como una "medida cautelarísima", lo que implica una suspensión urgente sin esperar a que el Gobierno de Canarias presente sus alegatos.
El objetivo es evitar que se continúe aplicando un sistema que la Fiscalía considera que pone en riesgo a los menores.
Vulneración de derechos fundamentales
En su recurso, la Fiscalía argumenta que el protocolo vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española y en la Convención de los Derechos del Niño, además del derecho a la integridad moral, recogido en el artículo 15 de la misma Constitución.
El Ministerio Público insiste en que los menores migrantes no acompañados se encuentran en una situación de desamparo patente, lo que exige una atención inmediata por parte de la administración competente.
El Gobierno de Canarias, por su parte, sostiene que la identificación y primera atención a los menores es una responsabilidad del Estado. Sin embargo, la Fiscalía rechaza este argumento, subrayando que la comunidad autónoma no puede demorar su atención a los menores bajo ninguna circunstancia, ya que esto vulnera sus derechos y puede suponer un riesgo para su bienestar.
Posible intervención del Tribunal Constitucional
Este recurso se suma al proceso que el Consejo de Ministros ha iniciado ante el Tribunal Constitucional para impugnar el protocolo por considerarlo una invasión de competencias estatales. Si el Gobierno central presenta finalmente este recurso, podría solicitar la suspensión automática del protocolo hasta que se dicte una resolución definitiva.
Por el momento, la Fiscalía espera una resolución rápida del TSJC para evitar que la aplicación del protocolo siga afectando a los menores migrantes que llegan a las costas de Canarias.