El fiscal pedirá la próxima semana a la Audiencia de Las Palmas cuatro años y medio de cárcel por delitos de corrupción para el exalcalde de Arrecife (Lanzarote) José Montelongo (PSOE) por la segunda pieza del llamado 'caso Montecarlo', después de que en la primera resultara absuelto.
En este procedimiento se juzga si varios concejales y empleados públicos del Ayuntamiento de Arrecife, entre ellos el interventor, Carlos Francisco Sáenz Melero, se concertaron con una serie de empresarios de la isla para beneficiarles adjundicándoles contratos y servicios de forma directa y al margen de lo que marca la ley.
Personas absueltas
La primera pieza del caso giraba en torno a los contratos de los que se beneficiaron las firmas Instalaciones Eléctricas Conejeras (Inelcon) y Señalizaciones Eléctricas Conejeras (Señalcon), y se saldó con condenas de inhabilitación para solo dos de los doce procesados: el interventor Carlos Sáenz (cuatro años y tres meses) y la concejal de Hacienda por el PIL Isabel Martinón (siete años).
Entre los absueltos entonces figuraban dos concejales más, Eduardo Lasso (PIL) y Víctor San Ginés (PSOE), que ahora volverán a sentarse en el banquillo junto con José Montelongo, Isabel Martinón y el interventor Carlos Sáenz, entre otros, por los contratos adjudicados por los departamentos municipales de Cultura y Festejos a la empresa Tunera Producciones, del acusado Eduardo José Ferrer.
"Apariencia de legalidad"
La Fiscalía señala que, entre 2009 y 2012, el Ayuntamiento de Arrecife encargaba a Tunera de forma "directa, verbal y sin expediente" la organización de eventos "con grosera vulneración de los principios de libre concurrencia, publicidad y acceso a las licitaciones que rigen la contratación de las Administraciones Públicas".
Añade que, luego, se creaba "una apariencia de legalidad" fraccionando las facturas en cuantías "a capricho del proveedor" y "sin que conste que se acreditara por los responsables municipales el cumplimiento de los servicios en los términos que se facturaban", todo ello con el visto bueno del interventor, uno de los principales procesados, y de los concejales de Hacienda, cargo que desempeñaron en aquellas fechas tanto José Montelongo como Isabel Martinón.
Principio de prelación de pagos
El Ministerio Público también acusa a los procesados de haber dado un trato de favor a Tunera Producciones cuando el Estado articuló en 2011, en plena crisis económica, una vía para que los ayuntamientos pagaran a sus proveedores a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). A su juicio, incluyeron facturas de esa empresa infringiendo "deliberadamente" el principio de prelación de pagos.
Concluye que en 2012 incurrieron en nuevas irregularidades al convencer al pleno de que aprobara el pago de nuevas facturas a la misma empresa, sin que conste que los concejales que votaron a favor (más allá de los procesados) supieran que cometían una "arbitrariedad", precisa.
Más de 3 millones de euros
La Fiscalía estima que, gracias a la mediación de los acusados, el Ayuntamiento de Arrecife abonó en esos cuatro años "arbitraria y fraudulentamente" a Tunera Producciones "la cantidad mínima" de 3.273.246,71 euros, de los cuales al menos la cuantía de 121.182,24 euros obedece a pagos por servicios no prestados".
Y subraya que no le consta que el Consistorio, personado como acusación particular en esta causa, "haya instado procedimiento alguno de reintegro de las cantidades indebidamente abonadas ni de exigencia de responsabilidad administrativa o contable hacia sus presuntos responsables".
Penas solicitadas
Para el Ministerio Público, los hechos que atribuye a los procesados constituyen varios delitos de prevaricación administrativa en concurso con malversación, fraude y falsedad documental.
Las penas que solicita son las siguientes: seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el interventor Carlos Sáenz y el empresario Eduardo José Ferrer, y cuatro años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación para los concejales de la época José Francisco Montelongo, Ángel Eduardo Lasso y Lorenzo Lemaur y para los empleados municipales M.A.L.C y J.N.C. Asimismo, pide tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para los exconcejales Isabel Martinón y Víctor Manuel San Ginés y para el funcionario municipal F.H.B, y tres años y cuatro meses de cárcel y seis de inhabilitación para el funcionario B.A.C.M.
El juicio de este caso comenzará el próximo lunes en Arrecife y se prolongará hasta el 8 de febrero, con sesiones tanto en Lanzarote como en Gran Canaria.