La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha reconocido este viernes "el gran esfuerzo" realizado por el Gobierno canario en la atención de los menores que llegan en pateras y cayucos a las islas, en cumplimiento de la obligación que le "impone" el Estatuto de Autonomía.
En el discurso que ha pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial en las islas, Martínez ha recalcado que la competencia de los menores, "sin distinciones", es exclusiva de Canarias y ha afirmado que, ante la crisis humanitaria que están sufriendo las islas por la continua llegada de inmigrantes a la costa, la Fiscalía "ha sido, es y será siempre un colaborador leal" del Gobierno regional.
Defender los derechos del menor
De hecho, ha destacado que en todas sus memorias la Fiscalía ha reseñado que "comparte totalmente con el Gobierno de Canarias que es muy difícil dar una respuesta, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, hasta que no exista un reparto equitativo en todo el territorio nacional".
No obstante, ha subrayado que el interés superior del niño ha de prevaler "sobre los demás intereses en juego, tal y como pone de relieve la Convención sobre los Derechos del Niño (de Naciones Unidas), puesto que los menores tienen menos posibilidades que los adultos de defender sus intereses con fuerza en unos ámbitos de decisión que no están pensados para que participen".
"El Comité de Derechos Humanos concluye que, si los intereses del niño no se ponen de relieve, se suelen descuidar y por ello la Fiscalía siempre cumplirá su deber constitucional", ha remarcado Martínez, que promovió la suspensión del nuevo protocolo de atención a los menores llegados en patera que pretendía aplicar el Gobierno canario al entender que iba perjudicar a un colectivo vulnerable.
Determinación de la edad
Debido al número de menores no acompañados que llegaron en 2023 a las islas, un total de 3.196, desde la Fiscalía se iniciaron acciones para agilizar la determinación de su edad y se puedo constatar que 2.048 tenían menos de 18 años, ha indicado.
Ha dicho que desde la Fiscalía se promovieron reuniones con la Dirección de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias, la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal e incluso se acudió al Ministerio de Justicia para lograr un dispositivo completo que efectuara las pruebas médicas para la determinación de la edad en al sur de Tenerife.
Y cuatro fiscales formaron parte de ese dispositivo, que se mantuvo hasta que el Gobierno de Canarias inició el expediente administrativo para poder ampliar el número de pruebas médicas en la isla, pues en Tenerife, hasta octubre del pasado año solo se practicaban 20 por semana en el Hospital de la Candelaria, ha señalado.
Según los datos que ha facilitado, en los tres meses que duró el dispositivo impulsado por la Fiscalía se efectuaron pruebas a 1.300 menores con sus respectivos decretos de determinación de edad.
Acciones de la Fiscalía
Además, ha informado de que desde enero de 2024 la Fiscalía ha convocado varias reuniones entre la Comisaría de Policía de Las Palmas, la Brigada de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife y la Dirección General de Protección a la Infancia para establecer mecanismos ágiles para documentar a los menores acogidos en los centros para su atención de la comunidad autónoma.
La Fiscalía también se ha interesado por los menores procedentes de Mali susceptibles de protección internacional y para ello ha hecho gestiones de manera que sean atendidos por la Brigada de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife, ha apuntado.
Además, ha dicho que las secciones de menores de la Fiscalía han visitado los centros de protección de menores y han puesto en conocimiento de la Dirección General de Protección de Infancia las deficiencias detectadas.
Procotolo territorial
Por último, María Farnés Martínez ha adelantado que ha pedido que se inicien los trámites para elaborar un protocolo territorial para la atención de estos menores, en función de lo establecido en el protocolo marco nacional de 2014.
En este protocolo participarán el Ministerio Fiscal, los organismos autonómicos y estatales competentes en la materia, para coordinar a todas las administraciones afectadas, con el fin de garantizar la protección del interés superior del menor, que es el principio que debe regir en la actuación de todas las administraciones e instituciones afectadas.