La Fiscalía Provincial de Las Palmas presentó el pasado viernes una querella contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), Rafael Hernández, por un presunto delito de trata de seres humanos. Así queda establecido en un documento al que ha tenido acceso Atlántico Hoy.
El texto fue remitido a la persona que denunció a Hernández el 6 marzo de 2024 por, supuestamente, emplear a menores migrantes en sus fincas privadas de Tafira y La Aldea de San Nicolás. Los chicos estaban alojados en el centro Tagoror, unas instalaciones dirigidas por su hija y aledañas a la Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo (Las Palmas de Gran Canaria) en la que él es pastor.
Diligencias
Ahora el caso está también en manos del Juzgado Decano de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria “para su reparto y posterior incoación de las diligencias oportunas”, según detalla la fiscal Teseida García. Además, en la denuncia se recogía que los jóvenes recibían, presuntamente, entre 20 y 25 euros por trabajar en los cultivos del representante agrario.
La iniciativa de crear el centro Tagoror parte de la Asociación Oportunidades de Vida que preside Hernández –aunque el edificio está gestionado por su hija bajo la tutela del Ejecutivo regional–.