Un constructor de Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a seis años de prisión y a pagar una multa de más de medio millón de euros ya que la Fiscalía lo considera el presunto autor de dos delitos contra la Seguridad Social y otro de insolvencia punible.
El acusado P.S.M., de 41 años de edad, se sentará en el banquillo de los acusados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Según el escrito de acusación, el hombre se dedicó a crear de manera sucesiva dos entidades mercantiles y dedicadas ambas al mismo tipo de actividad económica en la construcción, fundamentalmente en reformas de hoteles.
Trabajadores
Cuando la primera de las empresas generó una importante deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S.) por impagos en la cotización de sus trabajadores y la deuda generada fue reclamada por el mencionado organismo, el acusado puso en marcha la segunda de las entidades.
Así, el constructor siguió prestando el mismo servicio, no sólo a los mismos clientes, sino también con los mismos trabajadores.
La Fiscalía manifiesta que con estas maniobras tenía un objetivo claro: el acusado desvió la facturación de esos servicios a una entidad diferente de la deudora para mantener así a salvo los ingresos de su explotación y poder además seguir obteniendo los certificados de situación de cotización favorables.
Deudas
Estos certificados son aquellos en los que la T.G.S.S. declara que la empresa que pretende contratar con un tercero no tiene deudas pendientes con la Seguridad Social, y que en esa situación se mantiene durante la vigencia del contrato para evitar la responsabilidad derivada al contratista de las empresas.
“Tal certificado es de vital importancia, porque sin el mismo el tercero ajeno a la empresa que presta los servicios debe responder de la deuda como si la hubiera generado, hasta el punto de que la carencia del mismo o la presentación de un certificado que indique la existencia de deuda elimina la posibilidad de contratación”, asegura la Fiscalía en su escrito.
Así, con la primera de sus empresas, Sepreca Servicios Integrales, S.L., creada en julio de 2018, tuvo un total de 73 trabajadores y generó una deuda con Seguridad Social por impago de las cuotas correspondientes de sus trabajadores en el período comprendido de noviembre de 2018 a diciembre de 2019 por un importe de 68.323,17 euros de principal, y que sumados intereses y recargos arrojan la cifra de 86.268,48 euros.
Cárcel
“El acusado, conocedor como era de la deuda que tenía con S.S. y de las consecuencias que de ello se derivarían para el desarrollo de su actividad, esto es, que el certificado de estar al corriente en el pago de sus obligaciones con S.S., de presentación necesaria a sus potenciales clientes, arrojaba saldo deudor, solicitó de inmediato y de manera sucesiva diversos aplazamientos para el pago de su deuda ante la T.G.S.S.,”, detalla el escrito de acusación.
Después crearía, SR Construcciones S.L., en 2019 que tuvo un total de 73 trabajadores, de los que 15 fueron también trabajadores de Sepreca. SR también generó una deuda por impago de las cotizaciones de sus trabajadores que suma la cantidad de 84.496,58 euros que sumados intereses y recargos asciende a 103.024,16 euros por el período comprendido entre octubre de 2019 a diciembre de 2021.
Además de los seis años y la multa de casi medio millón de euros, la Fiscalía solicita para las empresas Sepreca y SR, el pago de una indemnizarán conjunta y solidariamente a la T.G.S.S. de 68.323,17 euros y 84.496,58 euros, respectivamente.