Este martes se juzgaba en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas a un guardia civil destinado en Fuerteventura y a su esposa, a los que acusaban de un presunto delito de coacciones contra una mujer para que quitara una denuncia ante la Inspección de Trabajo. El fiscal José Antonio Díez ha pedido la libre absolución de ambos al entender, que por el resultado de la prueba, los hechos nunca debieron llegar a juicio.
El 5 de abril de 2017, la ciudadana extranjera J.C.G. denunció a la que por entonces era su empleadora, M.A.H.M., ante la Inspección de Trabajo, alegando que estaba trabajando mediante un contrato verbal y sin darle de alta en la Seguridad Social en su negocio, en calidad de encargada. La mujer trabajaba en el quiosco que la acusada tenía en el mercadillo del término municipal de Pájara (Fuerteventura) desde el 2014 hasta el 2017.
Volvió al mercadillo
Al día siguiente de la denuncia y cuando la empleada acudió a su puesto de trabajo, la acusada no la dejó incorporarse así que la denunciante decidió llamar a la Guardia Civil. Para el fiscal este aviso al cuerpo policial es clave. “No hay duda de que la propia empleada después denunciar ante la Inspección quiso seguir trabajando y fue ella misma la que llamó a la Guardia Civil”, destacó el fiscal Díez durante sus conclusiones.
Según la denunciante el guardia la estuvo coaccionando y amenazando con denunciarla para que la expulsaran de España ya que se encontraba en situación irregular en el país. De hecho, tras el altercado del 6 de abril en el mercadillo fue avisada por la Guardia Civil del puesto de Morro Jable donde le dieron una citación para presentarse ante la Brigada de Extranjería de Puerto del Rosario. “Con la citación no queda constatado que se hiciera nada mal, ni siquiera desde el punto de vista administrativo. No consta ninguna infracción. No consta que el acusado llamara a la denunciante para tomar represalias ni que abusara de su cargo”, recalcó el fiscal.
Libre absolución
Tanto los testigos de la Guardia Civil, como de la Policía Nacional que declararon durante la vista coincidieron en que no se hizo nada irregular e insistieron en que nunca trataron de favorecer al guardia acusado.
La letrada de la acusación particular ha tratado de demostrar durante el juicio que sí existieron tales coacciones y en contraste con el fiscal, que solicitó la libre absolución de los dos acusados, pidió al Tribunal que condenara al guardia a un año de prisión y a su esposa a tres años y a pagar una multa de seis meses con una cuota diaria de 15 euros.
M.A.H.M., esposa del guardia civil, fue multada por un importe de 10.024 euros en su día, por tener contratada a la denunciante sin estar dada de alta en la Seguridad Social, pero esa cantidad ya está satisfecha.