La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado siete años de cárcel y la devolución de 90.000 euros a un funcionario que se hizo pasar por inspector de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) .
Según el Ministerio Público, está acusado de estafa continua agravada, ya que ''engañó a dos hermanos con la promesa de que le iba a solucionar un problema fiscal que les había sido notificado''. En este sentido, los hombres recibieron una comunicación de la Agencia Tributaria en la que se les informaba del inicio de un expediente de comprobación e investigación.
Ante este conflicto fiscal ''otra persona les dijo que tenía un amigo que era inspector de Hacienda con quien les podía poner en contacto para solucionar la posible imposición de una sanción'', recoge la Fiscalía.
Oficina en una tienda
El informe continúa señalando que, haciéndose pasar por inspector de la AEAT, ''en los días siguientes se fijó la cita en una oficina situada en una tienda y luego otra en la que exigió el pago de 30.000 euros, asegurando que el dinero no era para él sino para personal de Hacienda''.
En este sentido, se señala que ''cada uno de los hermanos desembolsó 15.000 euros, introduciendo el dinero en una caja de zapatillas deportivas, cubierto de papel transparente y se lo entregaron a una empleada manifestándole que era para el acusado''.
Continúa explicando la Fiscalía que ''después de este primer pago, el procesado les informó de que los supuestos trámites iban bien pero, con el fin de infundirles miedo por la existencia de un posible delito fiscal, les pidió a lo largo del tiempo otros 60.000 euros más con el compromiso de que el asunto no llegaría a los tribunales''.
Exigió otros 30.000 euros
Al final uno de los hermanos le dijo al acusado ''que no tenía más dinero y que el entregado en la última ocasión era el que tenía ahorrado para que su hijo acabara la carrera de magisterio y para montar una guardería'', aunque el funcionario ''exigió otros 30.000 euros, a lo que se negaron los denunciantes''.
El expediente terminó con el abono a Hacienda ''por parte de cada uno de los hermanos de casi 74.000 euros, de los que unos 13.000 eran intereses de demora, pero lo cierto es que el investigado no tuvo nada que ver con el trámite porque no tenía capacidad ni influencia alguna para ello'', apunta.