La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife atribuye los delitos de falsedad documental y estafa a dos acusados que habrían engañado a 22 empresas del sector de los congelados en todo el ámbito nacional por valor de 752.500 euros y para los que pide cinco años de cárcel a uno de ellos y siete a otro.
Las penas de multa llegarían al doble de la cantidad total defraudada, por lo que serían de un millón y medio, y también se pide la disolución de todas las sociedades fraudulentas. En ejecución de sentencia, en caso de que sea condenatoria, se deberá fijar las cantidades que pagarían a las compañías de seguros que abonaron los descubiertos.
Asiduo de la estafa
Uno de los procesados, que ya había sido condenado por apropiación indebida y tiene otras causas pendientes en diferentes lugares de España por causas similares, se trasladó a la isla para emprender varios negocios que la Fiscalía considera “fraudulentos”.
Para ello, según el relato del Ministerio Fiscal, contactó con el otro acusado y alquilaron una oficina y contrataron varias líneas telefónicas y adquirieron un vehículo del que solo pagaron las dos primeras cuotas, sin devolverlo y dejaron abandonado hasta que fue hallado por la policía con distintos daños que se los entregó de nuevo.
Los acusados también dejaron de abonar el alquiler de la oficina, por lo que su propietario optó por resolver el contrato, dirigiéndose a recuperar la posesión de su local, hasta el punto de precisar la presencia policial, descubriendo entonces los agentes presentes cuantiosa documentación sobre la trama organizada.
Cantos de sirena
Los dos acusados contactaban con más de una decena de personas, en su mayor parte jóvenes desempleados, con nulos o pocos ingresos económicos, escasa formación académica y sin conocimientos en el ámbito de la formación y gestión de empresas. Los acusados, según Fiscalía, los convencían para que a cambio de la promesa de participar en el reparto de las ganancias que obtuvieran en el desarrollo de los futuros negocios que iban a realizar, prestaran su nombre y demás datos de identidad.
De esta manera constituyeron empresas de las que eran administradores únicos, siendo conscientes de lo que hacían, aunque finalmente no fueron acusados, al determinarse que en realidad sólo uno de ellos estaba al tanto de lo que ocurría. Además, estos jóvenes se prestaban a acudir a notarías, registros mercantiles y de la propiedad y bancos para hacer determinados trámites cuyo coste podía alcanzar los 6.000 euros.
Empresas sin trabajadores
De esta manera llegaron a constituir las empresas pero sin dar de alta a ningún trabajador en la Seguridad Social, además de carecer de sede física ni desarrollar actividad alguna, más allá de las fraudulentas, pese a lo cual conseguían préstamos de entre 300.000 euros y un millón.
Todo ello les daba una apariencia de solvencia en el sector de los congelados, utilizando incluso pagarés falsos hasta sumar el mencionado fraude. Parte de este dinero fue abonado por las compañías de seguros y serían los dos acusados los que principalmente se lucraron de esta actividad, no constando que ocurriera lo mismo con el resto de involucrados, según se desprende del escrito.