La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda a cuatro empresarios, entre los que destaca el presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid por importe de casi 23 millones de euros. De esa cifra, hay indicios de que artículos por valor de unos 10 millones de euros no fueron entregados al Servicio Canario de la Salud (SCS).
En un comunicado, la portavoz del Ministerio Público ha anunciado este martes que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha admitido a trámite esa querella, que gira en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.
En la querella, el Ministerio Público examina contratos por importe total de 22,9 millones de euros, de los que sostiene que hay una parte sustancial, de 9 a 10 millones de euros, que "no se corresponde con el material entregado", señaló a Efe la portavoz de la Fiscalía de Las Palmas, la fiscal María Rosa Rubio.
El empresario Ramírez ha recalcado a Efe que eso no figura en la querella del fiscal, que se formula por seis delitos contra la Hacienda Pública (aporta como prueba la carátula del documento), y también que el juez le investiga solo por fraude fiscal.
Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas, material que nunca llegó y ya costó el cargo al director del SCS, Conrado Domínguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado caso Koldo, también por la compra de cubrebocas.
Facturación
Además, la Fiscalía Provincial de Las Palmas incoó diligencias de investigación, tras la presentación de denuncia por la Dependencia Regional de Inspección de Canarias de la AEAT, que concluyeron con la formulación de querella al apreciar indicios de la posible existencia de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación dirigida contra Miguel Ángel Ramírez Alonso; el director comercial de la UD Las Palmas, Lucas Bravo de Laguna; el asesor de comunicación política Christian Cerpa Espino; y Noel Jammal Fernández —administrador único de Damco Trading—.
Las dos compañías, Damco Trading y Tanoja Services, fueron adjudicatarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) durante la emergencia sanitaria por COVID-19, para el suministro de material sanitario destinado a los hospitales. Damco facturó en 2020 15.891.610 euros y un año más tarde 2.786.000 euros. Tanoja, por su parte, en 2021 recibió 4.230.000 euros. Todo apunta a que parte del dinero utilizado para la compra de este material sanitario procedía de fondos europeos.
Parte de las cantidades recibidas del SCS tanto por Damco como por Tanoja Services fueron después transferidas a dos entidades mercantiles, siendo Ramírez socio y administrador único de una de ellas y Lucas Bravo de Laguna de la otra, así como a Christian Cerpa. Ninguno de los perceptores de los importes transferidos, comprobados en los procedimiento de inspección de la AEAT, justificó la realización de actividad alguna de la que deriven los cuantiosos ingresos de los que se beneficiaron.