Veinticuatro menores que llegaron a Canarias en pateras y cayucos a finales de septiembre no recibieron la atención inmediata que la ley exige para su situación de desamparo, permaneciendo de uno a tres días en dependencias policiales mientras esperaban una plaza en un centro de acogida.
Una situación que ha sido denunciada por la Fiscalía Superior de Canarias, que alerta sobre el impacto negativo de las instrucciones dadas por el Gobierno regional a los centros de menores.
El 2 de septiembre, el Gobierno de Canarias ordenó a las ONG responsables de la gestión de los centros de acogida que no asumieran la responsabilidad de ningún menor migrante sin la autorización expresa de la comunidad autónoma. Esta decisión, según la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, no solo retrasa la acogida de los menores, sino que también vulnera sus derechos fundamentales.
Estancias en dependencias policiales
La fiscal expone en un documento que, a pesar de las leyes que garantizan la protección de los menores extranjeros no acompañados, la prohibición establecida en el acuerdo del 2 de septiembre ha llevado a que algunos menores no ingresen en centros adecuados para su edad y situación. La mayoría de los casos documentados se produjeron en Lanzarote, donde se registraron múltiples retrasos en la atención a menores que llegaron en pateras.
Por ejemplo, un menor de 15 años y otro de 17 años, ambos llegados el 18 de septiembre, y un grupo de siete menores de entre 12 y 16 años de otra embarcación del 20 de septiembre, permanecieron en condiciones inadecuadas. En El Hierro, seis menores de 13 a 15 años también pasaron por esta situación el 20 de septiembre, así como dos menores de 16 y 17 años en Fuerteventura.
La fiscalidad destaca que, a pesar de las comunicaciones enviadas a la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario, los menores continuaron bajo el cuidado de la Policía durante uno, dos o incluso tres días, lo que contraviene la ley que exige una "asistencia inmediata".
La reacción del TSJC
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la suspensión cautelar de la orden del Consejo de Gobierno, entendiendo que su aplicación puede retrasar el proceso de acogida de los menores y, por lo tanto, vulnerar sus derechos.
La Fiscal Superior de Canarias María Farnés ha reiterado que los menores que llegan solos a España son un grupo especialmente vulnerable, y la ley exige que se les proporcione asistencia inmediata y urgente.
En este contexto, la fiscal ha manifestado su preocupación por los trámites administrativos adicionales que el Gobierno canario pretendía imponer antes de confiar la custodia de cualquier menor a la Policía y la Fiscalía. Estos requerimientos, según la fiscalía, no solo retrasan el proceso de acogida, sino que contradicen la urgencia necesaria en la atención a este colectivo.
La Fiscalía ha enfatizado la urgencia de que la administración competente cumpla con sus obligaciones legales y garantice una acogida adecuada y digna para todos los menores que llegan a las Islas.