El presunto apoderado de la empresa Lifer Promociones SL ha sido juzgado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Julio César Díez Merino, de 75 años de edad y que en el momento de los hechos era la pareja de la administradora de Lifer, está acusado de un presunto delito de apropiación indebida por quedarse un cheque de 147.500 euros tras participar como intermediario en la venta de un piso ubicado en la calle Alcalde José Yanez Matos, de la localidad de San Bartolomé de Tirajana.
El 4 de mayo de 2007, un matrimonio se acercó a la oficina que en esa época la inmobiliaria Lifer tenía en el barrio del Puerto-Canteras de Las Palmas de Gran Canaria para vender un piso de su propiedad. “Habíamos dejado la llave días antes a una agente para que vendieran la casa y se vendió pronto. Nos avisaron para firmar la venta y fuimos. Nos atendió siempre Pedro (alías que presuntamente usaba el acusado, para evitar ser reconocido). Se quedó con el cheque porque decía que tenía que arreglar una documentación con el Ministerio de Vivienda. Nos robó los ahorros de toda nuestra vida y los estudios de mis hijos”, declaró la propietaria en el juicio.
Cheque sin fondos
En esos mismos términos se manifestó también su marido. “Nos citó en el despacho y se firmó el contrato de compra-venta privado. Nos recibió él, nos dijo que era el dueño y que se encargaría de tramitar toda la documentación, pero que el dinero se quedaba en depósito”, aseguró el hombre. “Desde entonces he perdido el pelo, tengo sarpullidos por todos lados y no puedo dormir”, relató la presunta víctima. El piso se entregó ese día porque la inmobiliaria tenía la llave que se utilizaba para enseñar la vivienda y se la dieron a la compradora, que efectuó el pago de los 147.500 por la casa. Pasado un tiempo, la pareja recibió un talón de 20.000 euros que no pudo cobrar porque carecía de fondos. Aun así, no cesó en su empeño y, tras interponer una primera denuncia, fue llamada de nuevo al despacho del acusado, que le entregó 20.000 euros en efectivo.
Según relató la compradora del piso, el acusado le pidió que en el cheque pusiera el nombre de Lifer Promociones y no el de la pareja dueña del piso, que eran los que estaban vendiendo la casa y los que en realidad tenían que cobrar el dinero. “Lo conocía, me dijo que actuaba en nombre de Lifer y le entregué el cheque. Lo hice porque me aseguró que era el dueño de la empresa”, aseguró la testigo ante el tribunal.
Lo niega todo
El acusado ha negado que fuera el apoderado de Lifer Promociones SL. También ha negado que tuviera autorización para firmar documentación relacionada con la empresa y ha asegurado ante el tribunal que lo juzgaba este miércoles que no reconocía al matrimonio propietario del piso que supuestamente él mismo vendió. “Yo no tenía firma , ni poderes, ni tenía nada y esas firmas no son mías”, afirmó el acusado.
Un año después de los hechos que se juzgaban este miércoles, Lifer Promociones SL cerró de repente. Se trata de una de los mayores fraudes inmobiliarios de Canarias que dejaron un reguero de juicios civiles que ganaron los denunciantes. Se calcula que la estafa rodó los 3 millones de euros y que se rozó la cifra de 300 afectados que habían entregado adelantos por la compra de unas viviendas que nunca recibieron. “Las denuncias iban contra Patricia (expareja del acusado y administradora e LIfer Promociones), a mí no me nombraban. No digo que yo no captara la propiedad, pero eso no quiere decir que me haya quedado con el dinero”, testificó el acusado.
La fiscalía solicita la pena de 6 años de prisión y multa de diez meses con una cuota diaria de doce euros diarios por un delito de apropiación indebida. “El acusado, conociendo la obligación que tenía de entregar el dinero a los vendedores, con un ánimo de lucro injusto hizo suya esa cantidad y la incorporó a su patrimonio”, explica la fiscal en su escrito de acusación. Además, solicita una indemnización de 145.000 euros para el matrimonio denunciante. La acusación particular amplía la indemnización hasta los 150.000 euros y la defensa del acusado pide su libre absolución.