La Fiscalía ha ratificado al final del juicio sobre el presunto fraude millonario a la Seguridad Social y Hacienda que se atribuye a Seguridad Integral Canaria su solicitud de 21 años de cárcel para el propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, mientras que ha reducido de 14 a cinco años la pena que propone para Héctor de Armas, debido a su confesión.
El sindicato que puso en marcha esta causa con su denuncia y que ejerce una de las cuatro acusaciones, USO, ha secundado la propuesta del Ministerio Fiscal y también recomienda una condena menor a la que inicialmente proponía para Héctor de Armas, el directivo que sustituyó a Ramírez como administrador único de la firma en 2012. El juicio finaliza este jueves en la Audiencia de Las Palmas con los informes finales de las acusaciones y defensas.
Peticiones
La defensa de Héctor de Armas, por su parte, pide la libre absolución para su cliente. Y, en caso de no ser absuelto, solicita que se tenga en cuenta el atenuante de confesión y de dilaciones indebidas. Además, pedirá de manera muy cualificada "la reparación del daño que ha hecho con un esfuerzo importante".
Juan Antonio Gozalo, abogado de Seguridad Integral Canaria, pide la absolución de la responsabilidad civil de la empresa —la única que se le pide a la compañía—. "Entendemos que no ha habido argumento alguno que permita condenar civilmente a SIC".
El letrado de Miguel Ángel Ramírez, José Antonio Choclán, reclama a la Audiencia de Las Palmas una absolución "categórica" para su cliente porque estima que se ha demostrado que no tuvo ánimo de defraudar y que ha pagado sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
"SIC jamás pagó dietas"
El abogado del Estado, Alejandro Royo-Villanoba, también se adhirió y en su cuarta conclusión determina que “se aprecia la circunstancia atenuante de confesión de Héctor de Armas”. El letrado de la Seguridad Social, Ángel Muñoz, no realizó ninguna modificación en su informe.
La fiscal Evangelina Ríos, en la exposición de sus argumentos tras dos semanas de juicio, manifestó que SIC “jamás pagó dietas”. “Nunca en la vida, no era la política de la empresa”, apostilló. Una vez ha escuchado a todas las partes que han declarado en la sala, también indicó que las dietas “jamás se hicieron costar en el recibo de nóminas”.
La facturación
Tanto Ramírez como de Armas están acusados por presuntos delitos contra Hacienda y fraude a la Seguridad Social. Una de las cuestiones que están en el punto de mira es que, supuestamente, se camuflaba el pago de horas extra como dietas con el objetivo de defraudar al fisco. Esta es la premisa bajo la que un trabajador que fue despedido denunció en 2014.
Ríos expuso que SIC facturó 50 millones de euros en 2008 y 54 millones un año después, periodo en el que Ramírez todavía era administrador único de la compañía. Dejaría de serlo en 2011, cuando puso al frente a de Armas. Según contó de Armas en su interrogatorio de este miércoles, llegó a ser citado por el presidente de la UD Las Palmas a una reunión para valorar qué hacer con una inspección de trabajo que habían tenido. “SIC estaba acostumbrada a solventar las inspecciones de trabajo de una manera poco exhaustiva”, afirmó Ríos.
Papel del sindicato
Ríos resaltó el papel que ha tenido el sindicato USO, porque “impulsó de manera definitiva esta causa”. “Realizó una labor detallada, formuló una denuncia y aportó unos listados de las dietas desde 2010 hasta 2012 por trabajador y por meses”, apuntó.
Recordó la fiscal que el 31 de marzo de 2014 solicitó a la empresa una serie de documentación como cuadrantes donde constaba cada servicio que se prestaba con los trabajadores que lo desempeñaban, los horarios y las horas extraordinarias. Aseguró que la empresa no se opuso, aunque pidió un aumento del plazo y el día antes de que se venciera la remitió a la Agencia Tributaria.
Otros documentos
Siguiendo con la solicitud de documentos, Ramírez expuso en el estrado este miércoles que en su día puso documentación a disposición de la jueza Victoria Rosell, quien, según contó, dijo que no era necesaria. Ríos manifestó que, extrañada por esas palabras, consultó la instrucción y no aparece lo vertido por el empresario.
Las dos últimas semanas también ha dado de qué hablar la aplicación Freematica, para la que Ríos desveló, según uno de los informes, que SIC se gastó más de 85.000 euros para formar al personal de gestión con el objetivo de que la usara de forma adecuada. La decisión partió de Héctor de Armas cuando ya era administrador único de la compañía de seguridad.
Discrepancias de un perito
Uno de los momentos más llamativos de esta semana de juicio ocurrió el martes cuando el perito de la defensa, Juan Luis Sendín, discrepó de lo que han expuesto el resto de técnicos desde que comenzó el proceso judicial: “No se le puede exigir retención a Seguridad Integral Canaria”. Aseguró el inspector de la Agencia Tributaria en excedencia que la cuota se le debió pedir a los empleados de la empresa de seguridad, en vez de a la propia compañía.
La fiscal incidió en la última sesión en que “la obligación de retener es del pagador”, amparándose en el artículo 23 de la Ley General de Tributación. “La obligación es autónoma”, añadió, para comentar que “eso lo sabe todo el mundo menos el señor Sendín, que dijo que no recordaba lo que decía el artículo”.
"Falta de imparcialidad"
Royo-Villanoba, abogado del Estado, también hizo referencia a las palabras de Sendín. “La falta de imparcialidad del perito queda más que acreditada”, destacó. Razonó su afirmación con que el perito de la defensa se basó en sentencias del Tribunal Supremo de hace 15 años que “aplican normativa anterior a los hechos delictivos que se estudian en esta sala”. Además, indicó que está olvidando “una doctrina reciente que es perjudicial para su cliente”.
Sobre las horas extra puso sobre la mesa que no podían ser dietas por el elevado porcentaje que suponían en relación con la masa salarial. “Varios testigos dijeron que no cobraban dietas”, añadió.
Irregularidades
Ismael Franco, abogado del sindicato USO, hizo referencia a lo que enunció el presidente de la UD Las Palmas este miércoles sobre que la causa judicial impidió que se convirtieran en la primera empresa de seguridad de España. El letrado expresó que destacaron “por sus irregularidades en el sector laboral”.
¿Con qué consecuencias? Considera que no solo han influido en las pensiones de los trabajadores de SIC, sino que si se hubieran cotizado todas las dietas “que en realidad eran horas extra” hubieran tenido derecho a una ayuda por desempleo.
"Premio" de las acusaciones
José Antonio Choclán, abogado de Miguel Ángel Ramírez, se mostró muy categórico para decir que “la declaración de Héctor de Armas es inveraz, no es cierta”. Considera que quien tuviera una estrecha relación profesional con su representado “ya ha recibido un premio por parte de las acusaciones”.
El letrado esgrimió que Ramírez no tomó decisiones en la empresa cuando dejó de ser administrador único. “No nos cabe ninguna duda de que quien afirma una administración de hecho tiene que probarla”, resaltó. Y apuntó: “Héctor de Armas nunca ha reconocido que las dietas fueran horas extras”
¿Quién tenía el control?
Asegura que su cliente cesó como administrador único de SIC y dejó de estar autorizado para acceder a las cuentas bancarias de la compañía. “El señor de Armas sí manejaba el dinero”, añadió. Apostilló que en los diferentes interrogatorios del juicio “los directivos decían que las órdenes las daba Héctor de Armas”.
Piensa, además, que a lo largo de las diferentes sesiones “se han producido evidentes contradicciones”, así como que “las conclusiones de la Agencia Tributaria son arbitrarias”. Coincide con la abogada de Héctor de Armas, Mónica Beamont, con que la instrucción de la causa fue prorrogada de manera indebida y que, por ello, entienden que todas las diligencias practicadas posteriormente carecen de validez.
"Visto para sentencia"
Mónica Beamont, abogada de Héctor de Armas, resaltó que su representado “solo se dedicó a trabajar y a sacar a reflote la empresa”. “Ha mantenido su versión desde el principio”, agregó. Sobre quién mandaba en la compañía ha señalado a Ramírez, del que ha dicho que se presentaba a la gente como el director ejecutivo. “Eso es mentira”, se pudo leer en los labios del presidente de la UD.
Dijo que el empresario “tenía un control absoluto y verdadero de todo lo que se ha hablado aquí”. En una clara respuesta a Ramírez, expresó que su cliente no ha recibido ningún premio de las acusaciones, sino que “es una actitud que ha mantenido durante toda la causa”.
Las largas jornadas en la sala 17 de la Audiencia Provincial de Las Palmas han llegado a su fin. Han podido dar su versión los trabajadores en calidad de testigos, los peritos, los inspectores, responsables de la empresa y los dos acusados. Ahora solo queda esperar el veredicto después de que su señoría declarara el procedimiento como “visto para sentencia”.