La querella contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 25 de mayo y que ya se encuentra admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria detalla, que los directores de los centros de menores presuntamente efectuaron innumerables y cuantiosas disposiciones de dinero en efectivo, traspasos a sus cuentas personales, pagos personales en restaurantes o a un centro de belleza con cargo a la tarjeta bancaria de los centros y el apoderamiento de las cantidades dinerarias sufragadas por el Gobierno de Canarias.
En una cuenta que se supone que estaba dedicada al mantenimiento de los centros de menores o conceptos de ayudas al transporte entre abril de 2021 y octubre de 2022, el fiscal Javier Ródenas identifica 383 extracciones de efectivo que van desde los 20 euros hasta los 2.600 euros.
El 72% de los gastos
Estos usos de efectivo suponen hasta el 72% de los gastos de esa cuenta, por ejemplo, de 394.100,58 euros, más de 250.000 son disposiciones en efectivo, bien a través de cajeros automáticos o mediante talón en caja.
Después de 16 meses de investigación, la querella, que adelantó Canarias7 y a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, denuncia que con dinero público se paga un alquiler de 35.000 euros al mes por la renta del edificio de Tafira que albergaba el centro Acorán y que se encontraba en un deficitario estado con casi más aspecto de una cárcel que de otra cosa.
En concreto, la querella interpuesta y que ya está judicializada asegura que con esa cantidad de 35.000 euros mensuales se podría comprar el inmueble. En un año, nueve meses y 18 días, la ONG transfirió 605.000 euros al propietario de la vivienda situada en la carretera de Marzagán.
12 millones de euros
La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI por una presunta malversación de fondos con 12 millones de euros destinados a gestionar centros para menores migrantes detalla con un detalle exquisito el fin del dinero que utilizaban los cuatro directivos denunciados
Aparte de "enriquecerse", los querellados "originaron una merma en la calidad de la atención integral de los menores, en las instalaciones y en sus estancias, que se evidencian en las actas de inspección" emitidas por la Fiscalía de Menores, el Defensor del Pueblo, el Diputado del Común de Canarias o la Dirección General de Atención a la Infancia.
Gastos exagerados en combustible
Uno de los denunciados alegó que su centro había gastado 20.288 euros en combustible en el segundo semestre de 2021. O lo que es lo mismo, aclara el fiscal, 99,22 euros diarios, equivalentes a recorrer 1.200 kilómetros por jornada en Gran Canaria. Según el escrito del fiscal, dar la vuelta completa a la isla de Gran Canaria representa menos de 200 kilómetros.
Los centros que están en el punto de mira de la justicia son Guiniguada, Alcorán y Portobello (Gran Canaria) y La Santa y Yaiza (Lanzarote). El propósito de esos fondos era integrar a niños y adolescentes en desamparo. Anticorrupción pide al juzgado de Las Palmas de Gran Canaria que ordene una auditoría "exhaustiva" sobre cómo ha gastado esta entidad los 12.505.878 euros que ha recibido desde 2020 de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario.
Noemí Santana, secretaria general de Podemos en Canarias ha explicado que su Consejería se vio abocada a "contratar a cinco entidades y a abrir hasta 50 recursos de emergencia" para tutelar a casi 3.000 menores en una situación de "emergencia humanitaria". El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Infancia, ha anunciado que se personará como acusación particular en las diligencias abiertas por este caso.