La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgó este miércoles por un presunto delito de apropiación indebida a la empresaria Mónica González Santiago, hija del conocido empresario palmero Ignacio González Martín, ya fallecido, y hermana del también empresario y político de CCN Ignacio González Santiago.
El día 30 de noviembre de 2012, Mónica, actuando como administradora de la empresa Canarias de Neumáticos SA, vendió ante notario a Almacenes Grau Bassas SL una nave industrial situada en El Sebadal de Las Palmas de Gran Canaria por 825.000 euros. La acusada recibió dos cheques bancarios contra la cuenta corriente que tenía la entidad compradora en la Banca March.
“En la estipulación cuarta del contrato de compraventa se hizo constar así mismo (sic), el abono por la compradora a la vendedora, de otro cheque extendido contra la misma cuenta por valor de 57.750 euros en concepto de IGIC, que debía la acusada proceder a ingresar a la Hacienda Tributaria Canaria como pago del tributo generado por la compraventa”, recoge el escrito de la fiscalía. El mismo día de la compraventa, la acusada ingresó el cheque bancario en una cuenta a nombre de la sociedad. “Actuando con ánimo de ilícito lucro sin destinarlo en ningún momento al pago del tributo”, según la fiscalía.
¿Hizo lo correcto?
Para la defensa de González Santiago, el delito de apropiación indebida no existe. “El cheque era nominativo a favor de Canarias de Neumáticos SA y tampoco se podía ingresar en la Agencia Tributaria porque no se había abierto el plazo de liquidación correspondiente y por último, la Agencia Tributaria no admite endosos”, afirmó Jorge Hernández Díaz, abogado defensor de Mónica González.
Por todo ello, para la defensa lo correcto es lo que hizo la acusada al ingresar el dinero en la cuenta de la sociedad, ya que hasta el 30 de enero de 2013 (dos meses después de la compra) no habría que presentar la liquidación.
Piden cárcel
La fiscal, Cristina Coterón, solicita para la acusada tres años y seis meses de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de nueves meses a razón de 20 euros diarios.
La defensa pide la libre absolución de Mónica González Santiago, al entender que lo que hizo la empresaria fue precisamente lo que tenía que hacer, ingresar el dinero, y que en ningún momento existió por su parte la intención de apropiarse del importe en cuestión.