La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha instado este miércoles al Gobierno de Canarias a que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo por el 'decreto de playas'.
En un comunicado, desde la Fecam aseguran que reclamarán los "costes derivados de los servicios de salvamento en las playas", sobre todo en los municipios con menos de 20.000 habitantes. La federación señala que el Tribunal Supremo (TS) falló a su favor anulando dicho decreto que obligaba a partir de 2018 a costear estos servicios.
"El Alto Tribunal del Estado anuló el pasado 27 de septiembre de 2023 el decreto conocido como ‘decreto de playas’ impulsado por el Ejecutivo regional, dando así la razón a la FECAM, e instó a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), obligación que todavía no ha cumplido el Gobierno canario", apunta la nota.
La FECAM recurrió
En este sentido, desde la FECAM explican que recurrieron al TS "una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, favorable al Ejecutivo canario" e insisten en que "a la Comunidad Autónoma o los Cabildos insulares les corresponde prestar el servicio de salvamento y playas en los municipios de menos de 20.000 habitantes".
El comunicado recoge las palabras del presidente de la Comisión de Administración Pública, Francisco Atta, quien subraya que "ante la no publicación en el BOC de la sentencia. la FECAM solicitará la ejecución forzosa de la misma, con carácter formal ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y también a través de escrito al órgano correspondiente del Gobierno de Canarias".
La federación solicita además que "en el futuro marco regulatorio que vaya a hacer el Gobierno de Canarias se cuente con la FECAM" y a su vez, que en el caso de la nueva normativa autonómica "imponga nuevamente a los municipios de menor población la prestación del servicio de salvamento en playas, que deberá efectuarse mediante norma con rango de ley y con previsión de dotación financiera suficiente".
Por su parte, la nota concluye con que recomiendan a los municipios "no obligados a prestar este servicio de seguridad y salvamento en las playas que lo sigan prestando en función de sus disponibilidades presupuestarias, para que, hasta tanto se defina el nuevo marco legal, no se deje desatendida la seguridad de las vidas humanas en nuestras playas y zonas de baño".