Varios colectivos y familias canarias piden la revisión de casos de niños y adolescentes que se encuentran bajo tutela en el Archipiélago para que puedan "volver con sus madres y padres" así como una solución al "colapso y carencias" que, según denuncian, sufren los centros de menores.
Al menos una decena de personas se han concentrado tanto a las puertas del Cabildo de Tenerife como en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias este miércoles pidiendo una mejora de las condiciones en dichos centros e insistiendo en la necesidad de revisión de casos particulares de muchos padres porque "los menores tienen que estar con sus familias”, insistía a Atlántico Hoy el portavoz del colectivo Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, Eloy Cuadra.
Exigen soluciones
En la movilización estuvo presente la Asociación Deniper así como madres y familias que piden la revisión de sus casos. El pasado mes de enero se reunieron con la directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, así como con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien se comprometió a la revisión de expedientes, según cuentan.
Elsa Baute, presidenta de Deniper, se sumó al llamamiento de Cuadra. "La situación en los centros es de colapso. Hay falta de personal. Esperamos que ese compromiso de la Consejería se materialice, y si no volveremos a pedir reunirnos nuevamente", señaló. Ambos destacaron que, entre otras cuestiones, lo principal es que se revisen los casos de muchos menores que están bajo tutela y que, consideran, "podrían volver con sus madres o padres".
Reunión
Actualmente están tramitando pedir una reunión con el Cabildo de Tenerife. Además del encuentro con Candelaria Delgado, también pusieron el caso en conocimiento de la Diputación del Común. "Nos han trasladado compromiso pero aún no hemos obtenido respuesta a las demandas. Vamos a seguir reclamando porque estamos recibiendo casos de toda España. Los padres están luchando por recuperar a sus hijos", subraya Cuadra.
En el caso de Tenerife, desde la institución insular apuntan que las competencias las ostenta la Dirección General del Menor y que en cualquier caso, al tratarse de casos delicados, actúan en base a estrictos criterios técnicos.